Cada vez que alguien pregunta por qué no existen descuentos en los billetes de avión para mayores, personas con discapacidad o colectivos vulnerables, la respuesta habitual apunta directamente a las compañías aéreas: “no quieren”, “son insensibles”, “solo buscan beneficio”.
La realidad, sin embargo, es bastante más incómoda para todos: no es solo una cuestión de voluntad empresarial, sino de marco legal y algo de desgana.
El modelo español de transporte público terrestre vs. el aéreo liberalizado
En España estamos acostumbrados a que el transporte público tenga tarifas sociales (RDL 1/2013). Metro, autobuses y trenes ofrecen abonos gratuitos o reducidos a mayores, personas con discapacidad, jóvenes o familias numerosas. Nos parece normal y lo es. Esto ocurre porque son servicios públicos subvencionados y regulados por la Administración, cosa que no ocurre con la aviación comercial.
El metro de Madrid (por ejemplo), los autobuses urbanos o los trenes de Renfe no fijan precios en un mercado libre. Operan dentro de un sistema donde la administración decide las tarifas y compensa económicamente a las empresas por los descuentos aplicados. Cuando un viajero paga menos, alguien cubre la diferencia: la comunidad autónoma, el ayuntamiento o el Estado. Con el avión ocurre justo lo contrario.
Libertad de precios consagrada por la normativa europea
El transporte aéreo en Europa es una actividad totalmente liberalizada. El [Reglamento (CE) 1008/2008] consagra la libertad de precios: las compañías aéreas pueden fijar sus tarifas sin intervención del Estado ni de otros organismos y, lo que es más importante, los gobiernos no pueden imponer descuentos obligatorios a una compañía privada que opera en libre competencia. No por falta de sensibilidad social, sino porque la normativa comunitaria lo prohíbe, por desgracia para muchos.
Incluso en el ámbito de la discapacidad, donde existen derechos específicos en aviación, la legislación europea es clara: se garantiza asistencia, accesibilidad y no discriminación, pero no se obliga a rebajar el precio del billete. El derecho es a volar, no a hacerlo más barato. Se podría interpretar como que el transporte aéreo no es una necesidad prioritaria a tener en cuenta.
La diferencia con el transporte terrestre es claramente jurídica y carente de sensibilidad
Servicio público esencial vs. mercado abierto: dos filosofías opuestas
Metro, autobuses y tren forman parte de un servicio público esencial, sometido a contratos, concesiones y subvenciones. El avión, en cambio, es un servicio comercial en mercado abierto. Si el Estado obligara a aplicar descuentos sociales sin compensar a las compañías, estaría interviniendo precios en un sector liberalizado y distorsionando la competencia. No ocurre así cuando se trata de otorgar suculentas subvenciones a esas mismas compañías para incrementar la conectividad en aeropuertos marginales, ahí ya suena otra campana.
La única excepción que confirma la regla
Existe una única gran excepción que confirma la regla: los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Su generoso descuento del 75 % no lo paga la compañía aérea: lo paga el Estado. Es una subvención directa. No es una tarifa social impuesta al mercado, sino una política pública financiada con dinero público, que beneficia a un sector de la sociedad en detrimento de otro.
La pregunta real que deberíamos hacernos
Entonces, la pregunta correcta no es: “¿por qué las compañías aéreas no hacen descuentos?”, sino: “¿Por qué el Estado no crea un sistema de subvención aérea como el que sí existe en trenes, autobuses o metro?”
Mientras no haya un mecanismo público de compensación, exigir a una compañía aérea que venda por debajo de mercado es pedirle que asuma en solitario una política social que, en otros transportes, paga la Administración.
Podemos criticar a las compañías por muchas cosas —servicio, transparencia, sobrecostes—, pero en este punto concreto la responsabilidad no está en sus departamentos comerciales, sino en un modelo legal que trata al avión como lo que es: un negocio privado en competencia, no un servicio público tarifado ni una necesidad de primer orden.
Conclusión: Justicia social o mercado libre, hay que elegir
Si como sociedad creemos que volar debería ser más accesible para mayores, personas con discapacidad o colectivos con menos recursos, la solución no pasa por reproches morales, sino por una decisión política valiente y efectiva. O se regula como servicio público… o se subvenciona como tal.
Todo lo demás es pedir justicia social con billetes que alguien tendrá que pagar. Y, hoy por hoy, ese alguien no es el Estado, sino el pasajero.
Vamos con todo.
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