Gran parte del patrimonio del Estado está en el sector empresarial denominado estratégico. Es el conjunto de entidades productivas con denominación de servicio público. En España asistimos, desde las últimas décadas, al desmantelamiento masivo de dicho patrimonio mediante un proceso que se define con el eufemismo de privatización.
El pretexto fue una pretendida "modernización" gestora que trasladara a manos privadas las empresas públicas más rentables; las que configuraban el sector estratégico: Endesa, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Aceralia, Iberia, (¿Aena?)… en fin, un abanico de "joyas de la corona" – comunicaciones, energía, transportes…- que siempre disfrutarán de la demanda obligada por una sociedad ávida de sus productos.
Fallaron las expectativas originales de lo que iba a ser una nueva gestión exenta de ideologías, de reducida burocracia y dotada de la eficiencia propia de una operación empresarial que se suponía racional y rentable. La realidad actual es que el Estado se quedó indefenso cuando se cercenó a sí mismo la capacidad de generar beneficios al traspasar a unas pocas manos lo que era riqueza estatal, es decir, patrimonio de todos los españoles. A cambio de un pago único y directo – mayoría de capital extranjero. Riesgo potencial añadido - se vendieron entidades estratégicas, rentables en presente y con proyección de futuro, a un sector privado cuyo interés prioritario es la maximización de beneficios a toda costa, en detrimento de la calidad del servicio público y a costa de unas lamentables perspectivas laborales. Y una vez liquidado el patrimonio y dilapidado el capital obtenido en la compra-venta, en un país hoy amenazado de quiebra, ¿puede suponerse que se tambalee el propio concepto de Estado?…
En Canarias no podíamos desvincularnos de esta tendencia negativa. Aquí tenemos el flagrante mal ejemplo de BINTER. Sus orígenes como empresa pública, vinculada estratégicamente al servicio público, ha sufrido un proceso paulatino de desmantelamiento a manos de la iniciativa privada, por el procedimiento de ir externalizando actividad material y laboral hacia el Low Cost de compañías baratas: Naysa y ahora, Canair. Culminado ya el proceso de demolición de BINTER, el descenso en la calidad de un servicio abaratado no redundará a la baja de precio del billete para los pasajeros interinsulares, cuya necesidad de viajar, en la mayoría de los casos, no es capricho ni frivolidad Es evidente que la preocupación de los gestores por el bienestar ciudadano no es una prioridad.
Un ejemplo: ¿Cómo, ante la pasividad colectiva y la connivencia política, se permitió, hace dos años, la supresión de la "facturación continua" desde las Islas Menores hacia el Continente, con escala en los aeropuertos capitalinos? He aquí un síntoma de cómo la aviación va deteriorando su calidad de servicio público, con el desamparo institucional y el abuso especulativo.
Y mientras, aquí, tan contentos y resignados como siempre. Incluso satisfechos con que algunos puestos de trabajo, supuestamente privilegiados, sean aniquilados a manos del amo; sin beneficio para nadie, aduciendo, sus directivos y algún "botones sacarino" que reina desde "trabajada poltrona", la falacia del precio de mercado de los tripulantes para justificar una tropelía indigna, que quizá reporte al dueño algún beneficio económico momentáneo, pero será a costa de unos resultados futuros que el sentido común permite augurar como deplorables.
Ante una situación como esta, y otras parecidas, ¿qué hacen los sindicatos?
Santa Cruz de Tenerife a 18 de octubre de 2011 bonzoc@hotmail.com
