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Madrid, SP, 19 de noviembre de 2013.- Hace unos días, la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marina Albiol, criticó a través de un comunicado la estrecha relación de Ildefonso De Miguel con el Partido Popular por haber sido durante años el número dos del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en su puesto del Canal de Isabel II.

Según Albiol, Saerco (contratada para realizar los servicios de gestión de la torre de control del aeropuerto de Castellón) llegó a la infraestructura de Castellón para cobrar 3,6 millones por gestionar la torre de control, prácticamente la mitad del coste de cada una de las instalaciones que controla la misma empresa privada en las pistas de las islas Canarias.

Según describía el diario El País hace unos días, el importe del contrato aún es menor si se tiene en cuenta que, con posterioridad a la adjudicación, Aerocas citó a Saerco a una reunión para imponer una rebaja del 30% en el precio de adjudicación como consecuencia del retraso en la fecha de apertura.


Hoy se ha sabido que Saerco, ha iniciado acciones legales contra la diputada autonómica de Esquerra Unida por los "graves perjuicios" causados por sus manifestaciones sobre la adjudicación del contrato a De Miguel.

En un burofax remitido a Albiol, De Miguel ha calificado de "injuriosas" y "calumniosas" las manifestaciones de la diputada y le ha comunicado el inicio de acciones jurídicas necesarias antes de la interposición de una querella al considerar vulnerados sus derechos y los de su empresa.

Albiol ha criticado en un comunicado que se denuncie a representantes democráticos "por el simple hecho de difundir información pública verdadera, contrastada con la documentación pública que ha proporcionado el Consell, haciendo uso del artículo 12 del reglamento de las Cortes". Para la diputada, este hecho es un "intento de silenciar la tarea de control y de fiscalización de la oposición sin demasiado recorrido".

A su vez, ha recordado que sigue esperando las respuestas del Consell a una batería de preguntas que presentó para conocer los detalles de la facturación entre la empresa de la torre de control y el Consell.

Según Albiol, el expresidente de Aerocas Carlos Fabra firmó en junio de 2012 el contrato de prestación de servicios de tránsito aéreo en la torre de control del aeropuerto de Castellón, por el que según los cálculos de EU se pagarán 3'6 millones de euros.

De esta manera, De Miguel ha demostrado su "capacidad" de hacer frente a las declaraciones de la diputada (contra las que se ha blindado por lo legal) que ponían de manifiesto supuestas irregularidades en la licitación del contrato por el que se acordaba la gestión de la torre de control del aeropuerto de Castellón.
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