Según ha podido conocer AD, lo que está detrás del cese del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Federico Vázquez Tapioles, podría ser simple y llanamente el desacuerdo con la cuestión de fondo que se estaba afrontando, el Estado de Alarma, que quería decretar el Gobierno el día 3 de diciembre. Eso al menos es lo que parece según los datos. El BOE del día 7 de diciembre publica el cese por !REAL DECRETO!, rubricado por la Ministra de Defensa y con el visto bueno del Rey. La decisión se tomó en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre. Pero indica el Artículo 97 de la LO 4/1987 que el cese será refrendado por el Ministro de Defensa, PREVIO INFORME DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. !Más inaudito aún!, tras el posicionamiento de la Asociación de Fiscales en el día de ayer, que señalaba la injerencia del poder ejecutivo en el judicial, por la presencia del Fiscal General del Estado en el Consejo de Ministros.
La cuestión fundamental es el entronque del Informe preceptivo de Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, para el cese, y la reprobación que la Asociación de Fiscales hace sobre su presencia en dicho Consejo de Ministros.
Pero preguntándose y preguntándose uno llega a la cuestión de la tardanza en publicar su cese, tras el anuncio cinco días antes de quién sería su sucesor. Manuel Hernández-Tejero García, era nombrado el mismo día 3 como Fiscal de la Sala Quinta. El BOE de ese día no recoge ni el nombramiento ni el cese de su antecesor, el general Vázquez Tapioles. Pero los movimientos que delata el BOE, siguen durante esta semana, con el RD1618/2010 del pasado miércoles 8, y siguen en la senda de tapar el hueco dejado como General Auditor, al coronel Ricardo Martínez Martín. El coronel era el Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Defensa.
En definitiva, con posterioridad al Consejo de Ministros, a la declaración del Estado de Alarma, tras el cierre del espacio aéreo, el entronque jurídico de todas estas decisiones políticas, no parece que esté claro. El gran problema que tiene el gobierno es dotar de legalidad esas decisiones dentro del marco jurídico. Lo que indican esos ceses, cambios, retoques y nombramientos sobre la marcha es que la seriedad del cuerpo juridico militar, ha debido indicar al Gobierno que lo que estaba haciendo desde un punto de vista de la técnica jurídica exclusivamente, y que no debía ser muy "legal", aparentemente.
Aquel Plan de Emergencia, que publicábamos, contemplaba ya algunos de estos extremos. Pero legalizar algo que dificilmente puede soportarse legalmente, es lo que está haciendo que la cascada de reales decretos, suplan lo que la norma, la ley, no contempla, con el enfoque que el propio Gobierno le está dando.
Intentando "traducir" esto. Simplemente cuando el Gobierno encuentra un obstáculo jurídico a lo que politicamente ha decidido, intenta legitimar ese obstáculo haciendo un Real Decreto que lo obvie. Según todos los expertos jurídicos consultados por AD, esto resulta de una gravedad extrema, pues denota que se intenta subyugar el imperio de la norma, de la Ley, mediante Decretos, que aunque absolutamente legales, son parches jurídicos a la norma general, que debe imperar en un Estado de Derecho. Un nombramiento y un ascenso en días muy señalados, nos está dando vectores sobre la improvisación jurídica que se está viviendo por parte del Gobierno. Es un rompecabezas, cuyo límite tiene el que se imponga, al final, la lógica que está implícita en la norma.
LLevándolo al extremo. Si se aprueban tantos reales decretos, como para suplir, para doblegar, la norma a los intereses políticos, llegará un momento en el que todos esos reales decretos, atenten contra el espíritu y el fondo de dicha norma. La suplan. Esa espiral desde un punto de vista jurídico es muy peligrosa. No hay límite para decretar, una y otra vez, pero esto transmite una sensación de provisionalidad, de estado excepcional contínuo, que no ayudará nada a la normalización de la situación actual, que es o debería ser el objetivo final.
El Fiscal General puso reparos al Estado de Alarma
La Gaceta publicaba que Conde Pumpido puso grandes reparos al Estado de Alarma. El Fiscal General participó en el Consejo de Ministros que tuvo lugar el sábado, y en él expuso "serias reservas sobre la aplicación del estado de alarma". La reunión no debió ser coser y cantar: tardó tres horas a pesar de que sólo tenía que aprobar una medida. Según el periódico de Intereconomía, los reparos de Conde Pumpido también los comparten algunos miembros del gobierno y dirigentes del PSOE, así como juristas y expertos en Derecho Constitucional.
