

Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios mientras la comunicación de AENA solo se preocupaba de promocionar sus concesiones comerciales aeroportuarias. Todo un desatino que afortunadamente tuvo un eco mediático que debería hacerle a AENA revisar su política de comunicación en las redes sociales y, por supuesto, en relación a sus controladores.
Cuando en una empresa un superior jerárquico felicita a los trabajadores solo cuando la prensa publica su buen hacer y hay que cubrir el expediente algo está funcionando rematadamente mal.
Las prácticas piratas de Ryanair con el combustible llevan denunciándose años sin que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) haya tomado cartas en el asunto. Paradójicamente esta misma agencia – que no incomoda a Ryananir -, y que al igual que AENA depende jerárquicamente del Ministerio de Fomento, ha cursado más de 400 expedientes de sanción administrativa a los controladores aéreos que se encontraban de servicio los días 3 y 4 de diciembre de 2010 con un evidente sesgo al negar como medio de prueba partes médicos, horarios de entrada en las dependencias, archivos de expedientes laborales por constatación fehaciente del buen hacer de los controladores, etc. No parece por tanto que la administración esté tratando con el mismo rasero a todos los eslabones de la cadena de seguridad. Toda una incongruencia que no mitiga una preocupante e ineficaz incontinencia legislativa en la navegación aérea, herida de muerte por la Ley 9/2010.

La política de la zanahoria (las menos) y el palo (los más) de AENA con sus controladores, a los que solo les pone en valor y con la boca pequeña cuando es la propia imagen de la compañía la que podría peligrar (más aún en un proceso de salida a bolsa) es un síntoma inequívoco de que estos profesionales no son valorados por la empresa. Estas inercias no son de extrañar después del acoso mediático al que les sometió el anterior presidente Juan Ignacio Lema y el ex ministro de Fomento José Blanco, cuando sin embargo se ha publicado que ambos mintieron a la opinión pública sobre su productividad.

Si no se cambian esas inercias y esas políticas coercitivas con constantes amenazas de sanción, turnos incomprensibles, fiscalizaciones kafkianas e incumplimientos del laudo arbitral dictado en 2011 por Manuel Pimentel (de obligado cumplimiento) la navegación aérea española seguirá estando plagada de demoras por falta de capacidad ATC, incidentes de seguridad, pérdidas económicas para las compañías aéreas, molestias para el pasajero y desvío de la oferta turística a países menos problemáticos. Todo un reto si se quiere capitalizar en bolsa la entidad aeroportuaria.
En suma, menos zanahorias y felicitaciones forzadas y más seguridad.
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