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mayo, martes 11, 2021

Las trampas del hundimiento de Marsans

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Gerardo Díaz saliendo de la AN


(ABC.es/Javier Chicote).- Todas las pesquisas de los denunciantes y de la investigación de la Audiencia Nacional apuntan a un mismo lugar: Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual pudieron cometer un delito de alzamiento de bienes con la ayuda del liquidador de empresas Ángel de Cabo.

Oficialmente, Cabo se hizo con las empresas del grupo en junio de 2010 asumiendo unas deudas de 600 millones de euros, pero se está investigando la existencia de un contrato privado entre ambas partes por el cual el expresidente de la patronal y su socio mantendrían la propiedad de las empresas mientras Cabo se encarga de vender los bienes y quedarse un porcentaje. El liquidador valenciano utilizó un sistema similar con Nueva Rumasa: él se quedaba un 20% de lo que sacara y el 80% restante iría a los Ruiz Mateos.
Marsans se hundió por financiar arriesgadas aventuras como la de Air Comet
Además, antes de que se llegara al proceso concursal de todos los bienes de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, en noviembre de 2010, se sucedieron una serie de maniobras para salvar el patrimonio de ambos empresarios. ABC ha tenido acceso a cientos de documentos confidenciales que muestran cómo fue ese proceso.

E l20 de enero de 2010, Inversiones Grudisán, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán, vendió las acciones de la mercantil Imorilla S.L. a su hija, Raquel Díaz Santamaría. Según la escritura notarial, las participaciones se valoraron en 1.210.000 euros. Paralelamente, Díaz Ferrán y su esposa, Raquel Santamaría, prepararon la donación gratuita de todas las acciones de Inversones Grudisán y de otra patrimonial del matrimonio, Holdisán Inversiones S.L., a sus tres hijos, Gerardo, Raquel y Marta. Al final, Holdisán terminó en manos de Ángel de Cabo.

Antes, el 22 de septiembre de 2009, Gonzalo Pascual, entonces presidente de Marsans, y su esposa, Ángeles de la Riva, donaron a sus hijos todas las acciones de tres empresas, Fisolte, Valquinaba y Fincas y Cinegética, que sumaban un capital social de casi seis millones de euros. Las empresas son propietarias de decenas de fincas de caza, entre otros bienes. Cuando Pascual entró en proceso concursal, los administradores judiciales denunciaron las donaciones «en evidente fraude de acreedores». El juez determinó que debían ser devueltas al concurso.
Lujosas propiedades

Las triquiñuelas de Díaz Ferrán y Ángel de Cabo para ocultar el patrimonio a los acreedores han llegado incluso a cambiar el nombre del yate del expresidente de la CEOE para sacarlo de España y venderlo. Los denunciantes lo detectaron y la Audiencia Nacional bloqueó la embarcación, de 27 metros de eslora y unos cinco millones de euros. Los acreedores también están intendado recuperar otra de las lujosas propiedades de Díaz Ferrán, un Rolls Royce Phantom de medio millón de euros. El abogado Daniel Jiménez, del bufete Ashurst, que representa a varias empresas del sector turístico que reclaman 40 millones de euros a Díaz Ferrán y a Pascual, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional en la que asegura que Ángel de Cabo y el expresidente de la patronal hicieron una factura falsa para simular la venta del Rolls y que no fuera embargado.

Los acreedores también tienen el punto de mira en un Ferrari que compró Díaz Ferrán. Según documentación interna del despacho de Ángel de Cabo, a la que ha tenido acceso ABC, el dueño de Marsans adquirió el vehículo con un préstamo «leasing» que le concedió Caja Madrid por un importe de 204.236 euros.

Pese a tener embargado todo su patrimonio, Ferrán consiguió vender un apartamento en Nueva York por más de dos millones de euros y, según los denunciantes, tiene otro a la venta valorado en casi ocho millones de dólares (6,4 millones de euros).

Otro documento confidencial valoraba los patrimonios personales de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual y sus respectivas esposas en más de 380 millones de euros en 2007. Los empresarios habían acumulado decenas de propiedades inmobiliarias, entre ellas sus lujosas residencias en el elitista Parque Conde de Orgaz, en Madrid. Estas fueron embargadas por una entidad financiera, pero los empresarios siguen en ellas tras alcanzar un acuerdo con los nuevos propietarios. Cuando estaban al frente de sus empresas, cada uno percibía sueldos de varias compañías que sumaban más de 300.000 euros al año.

Pero las empresas del Grupo Marsans comenzaron a tener problemas financieros. Entonces, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual consiguieron créditos y emitieron pagarés por decenas de millones de euros avalándolos personalmente. Como las compañías están en quiebra, los empleados y los proveedores de Marsans solo cobrarán si pueden echar mano de esos bienes, Ángel de Cabo mediante.

Viajes Marsans era un gran grupo empresarial que llegó a facturar más de 4.000 millones de euros en un año. Entonces, ¿por qué quebró? Los investigadores de la Audiencia Nacional lo tiene claro: «Marsans fue el paraguas que cubrió los gastos de aventuras como la de Air Comet que la hundieron», sostienen fuentes de la Fiscalía. «Para comprar un avión se utiliza la caja de las agencias de viajes a través de reconocimiento de deudas entre empresas del grupo, una especie de caja única que se tradujo en la quiebra total. Los empleados y otros acreedores de Marsans no tienen la culpa de esta gestión y debían cobrar», añaden las mismas fuentes. De Viajes Marsans salieron más de 250 millones de euros hacia otras empresas, según el informe de los administardores concursales.

Los fundadores del Grupo Marsans tienes abiertos decenas de procedimientos y reclamaciones judiciales. De hecho, sólo Gonzalo Pascual ha acumulado 2,4 millones de euros en minutas de sus abogados. En la Audiencia Nacional los acechan por tres frentes: delito fiscal en Aerolíneas Argentinas (a la espera de juicio), apropiación indebida de 4,4 millones de euros por la venta de billetes antes de la quiebra de Marsans (la cifra podría ascender a siete milllones) y el alzamiento de bienes.

Los magistrados Santiago Pedraz y Eloy Velasco deben ponerse de acuerdo en quién asume los dos últimos casos, lo que está dificultando la puesta en marcha de medidas cautelares para evitar la fuga de patrimonio del otrora representante de los grandes empresarios y su socio. Tanto Gerardo Díaz Ferrán como Gonzalo Pascual y Ángel de Cabo han declinado dar su versión de los hechos a ABC «en este momento del proceso judicial».

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