Washington, USA.- Representantes, tanto republicanos como demócratas en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes de los EE.UU. presentaban la pasada semana un Proyecto de Ley para resolver algunos de los problemas que contribuyeron a los dos accidentes mortales, de dos Boeing 737 MAX, que han puesto en jaque todo el Sistema de la Aviación de los EE.UU. y en cuestión nada menos que a la FAA.
Muchos de los cambios previstos en este Proyecto de Ley, arreglaría los fallos de seguridad que los demócratas del Comité identificaron en el Informe de hace dos semanas, en el que se culpaba a Boeing y a la FAA, sin paliativos, de toda una serie de fallos de seguridad, conducentes a los dos mortales accidentes.
«Durante los últimos 18 meses Boeing ha sido el sinónimo de la pérdida de 346 vidas inocentes, de la Cultura de Seguridad rota por Boeing y una supervisión insuficiente por parte de la FAA», señalaba en un comunicado Peter A. DeFazio, de Oregón, y presidente demócrata del Comité de Transporte e Infraestructuras, añadiendo, «como a mucha gente me alarmaron e indignaron muchos de los hallazgos que se revelaron en el curso de la investigación de nuestro Comité sobre la certificación de la aeronave»
El Proyecto de Ley de 85 páginas está propuesto por el representante Sam Graves de Missouri, el principal republicano del comité, y el representante Rick Larsen, el demócrata del estado de Washington que lidera el Subcomité de Aviación. Incluye docenas de cambios, incluyendo el fortalecimiento de las protecciones de los denunciantes y la exigencia de que los expertos revisen la cultura de seguridad de Boeing y hagan recomendaciones para mejorarla.
El proyecto de ley también requiere que los fabricantes den a la F.A.A., a las aerolíneas y a los pilotos información detallada sobre cualquier sistema que pueda alterar la trayectoria de vuelo de un avión sin la intervención de un piloto. Uno de esos sistemas, el MCAS, ha sido culpado, al menos en parte, por los accidentes del Max en Etiopía e Indonesia. En su informe, los demócratas del comité acusaron a Boeing de restarse a dar importancia al papel de ese sistema en el diseño del Max para evitar una revisión federal que llevaría mucho tiempo.
La legislación también reforzaría la supervisión federal al proporcionar a la F.A.A. recursos para contratar a más especialistas para trabajar en la certificación de aeronaves. La Agencia había sido objeto de críticas por subcontratar algunas funciones de certificación a personas empleadas por Boeing y otros fabricantes. El Proyecto de Ley no pondría fin a esa práctica, pero impondría una sanción civil a los gerentes de las empresas y otras personas que interfirieran en la labor de las personas que trabajaban en las certificaciones.
