Islas Caimán, GB, 3 de marzo de 2015.- La mañana del 3 de diciembre de 2010, en plena víspera del puente de la Constitución, Aena insta al Consejo de Ministros a promulgar un Real decreto (13/2010) en el que se aumentaba la jornada laboral de los controladores. En ese mismo Real Decreto se da el pistoletazo de salida para la futura privatización de la entidad, hecho este que pasó convenientemente desapercibido.Horas después, Aena cierra el espacio aéreo español, militariza a los controladores y el Gobierno de Zapatero decreta un Estado de Alarma que muchos juristas consideraron ilegal, al no darse los preceptos contemplados en el ordenamiento jurídico para tal medida.
Previamente, con fecha 3 de febrero de 2010, Aena abole también por Real Decreto el primer convenio colectivo del cuerpo de control y fija la jornada en 1.670 horas anuales. Mediáticamente, el ex ministro de Fomento José Blanco y el ex presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, pregonaron ad nauseam que la productividad de los controladores españoles era «la más baja de la Unión Europea» con objeto de generar opinión adversa en su contra y preparar el terreno mediático para la intervención. Posteriormente, el diario ABC demostró que Aena falseó a sabiendas su productividad y envió estadísticas erróneas a Eurocontrol.
En muchas dependencias de control (Santiago, Palma y Madrid, por ejemplo), 1.670 horas no eran suficientes para garantizar la jornada necesaria hasta finales de año y muchos controladores agotaron sus horas en octubre. Así ocurrió en Santiago, donde Aena llegó a programar un cuadrante de 13 controladores de los que sabía que 5 no acudirían por permisos ya concedidos. El juez Vazquez Tain llega a preguntarse, interrogando a un directivo de Aena, si la empresa quiso «echar al público encima de los controladores y montar un revuelo». El procedimiento en Santiago a estos controladores finalmente se archivó, al igual que en otros 19 juzgados españoles, al no ser los hechos investigados constitutivos de ningún delito.
Documentos esclarecedores de esta realidad de falta de horas, publicados por El Mundo, atestiguan hasta qué punto el mal cálculo de Aena a primeros de 2010 desemboca en este agotamiento de jornada y cómo los directivos de la empresa se ven contra las cuerdas y sin solución posible ante sus superiores políticos.
http://www.controladoresaereos.org/2011/10/26/fomento-propicio-el-caos-de-los-controladores/
La Ley de Seguridad Aérea, en su apartado 34.4, establece que todo controlador que vea mermada su capacidad psicofísica deberá abstenerse de prestar servicio. Lo contrario supondría la comisión de un delito y afectaría gravemente a la seguridad de las operaciones.
Incluso hubo alguien que quiso modificar la Ley de Seguridad Aérea en vigor, justo 7 días antes del cierre del espacio aéreo español del 3 de diciembre como se aprecia aquí
El 3 de diciembre de 2010 varios controladores de Aena se acogieron a esta cláusula legal y rellenaron el correspondiente formulario dispuesto a tal efecto por la empresa. Posteriormente, todos estos controladores fueron objeto de un expediente disciplinario por parte de Aena, de la apertura de expediente por parte de la Agencia estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la apertura de diligencias procesales en numerosos juzgados españoles. Se les llegó a imputar hasta sedición.
Sin embargo, la cuestión esencial es la desproporción existente entre el número de controladores disponibles para trabajar y el cierre absoluto del espacio aéreo, decisión esta tomada por mandos de Aena. Parece poco razonable que si aún había controladores disponibles la empresa no se hubiese limitado a regular el tráfico en lugar de cancelar del todo el servicio. Esta decisión gerencial no ha sido cuestionada a efectos judiciales o económicos, aún cuando Aena es la responsable civil subsidiaria de la prestación del servicio a efectos patrimoniales. La única jueza que se atrevió a indagar incómodamente sobre esta cuestión fue cesada rápidamente en sus funciones. Ningún político o directivo ha estado imputado en un juzgado.
http://cincodias.com/cincodias/2012/07/06/empresas/1341581979_850215.html
En las declaraciones ante los distintos jueces, todos los mandos de Aena reconocen que ningún controlador abandonó el servicio el 3 de diciembre de 2010 dejando a los aviones a su suerte. Asimismo, la Audiencia Nacional dictaminó que no existió concertación entre los controladores a nivel nacional.
20 juzgados españoles ya han sentenciado sobre la inocencia de los controladores. Sin embargo, en Madrid continúa abierto un procedimiento de instrucción sobre este asunto sobre el que ya han desfilado 6 jueces distintos.
El bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo se dedicó a repartir publicidad de sus servicios en las terminales de Barajas durante el cierre del espacio aéreo. Se les pudo ver en los telediarios. El letrado Luis Vericat, que posteriormente abandonaría el bufete, fundó y encabezó una asociación de afectados por el cierre del espacio aéreo y presentó demandas por daños morales en todos los juzgados del territorio español a los que tuvo acceso, poniendo de este modo a la ya saturada Justicia española en un brete de saturación por goteo.
A los asociados, más de 10.000 personas, se les prometieron alegremente 10.000 euros de indemnización, jugando con la codicia humana en un momento de cese del transporte aéreo. Sin embargo, Cremades & Calvo Sotelo no informa de que, según doctrina del Parlamento Europeo, esa cifra es desproporcionada y que solo en contados casos se ha llegado a reconocer daños morales por un importe cercano a los 250 euros.
Ningún juzgado español ha reconocido este resarcimiento por daños morales a los asociados reunidos por Cremades, ni siquiera el juzgado de instrucción número 3b de Madrid donde sigue abierto este procedimiento. Este bufete pretendía operar a comisión de lo que sacase con una cuota litis del 30%, haciendo el agosto a costa de las molestias de unos pasajeros que, fruto de la desinformación, fueron manipulados y cargaron contra la cabeza de turco más visible: los controladores.
Ninguno de los 20 juzgados en los que el procedimiento contra los controladores se ha cerrado ha dado la razón al bufete Cremades & Calvo Sotelo.
Es conveniente recordar que las compañías aéreas ya resarcieron del parón de los vuelos a los pasajeros afectados. Y también es conveniente recordar que Aena es la responsable civil subsidiaria en la prestación del servicio que le ha sido encomendado. Más aún cuando es una decisión gerencial, reconocida por los propios mandos de Aena ante los juzgados, la que finalmente desemboca en el cierre del espacio aéreo y en la militarización de los controladores.
Parece, por tanto, un tanto desmedido el acoso de algunos a los controladores, más aún en un momento en el que la salida a bolsa de Aena Aeropuertos y una nueva política de contención de gasto en la entidad, anteriormente lastrada por más de 13.000 millones de euros de deuda por una mala gestión, parecen ofrecer un horizonte de crecimiento y estabilidad en un sector esencial para la economía española.
los responsables de AENA se fueron de rositas gracias a la complicidad de Margarita Valcarce . Todo apunta a que las cuantiosas penas economicas impuestas a los controladores han dado mucho juego en un juicio plagado de irregularidades con testigos empresariales que estarian imputados en cualquier pais con u justicia de verdad independiente.