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julio, jueves 18, 2024

Tsunami político por la privatización de las torres de control

Los controladores pudieron constatar que el Gobierno va a continuar con el proceso de lowcostización del sector aéreo en detrimento de la seguridad

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Aviación Digital, Sp.- La decisión del ejecutivo de privatizar el servicio de control aéreo de las torres de control de siete aeropuertos españoles (LEPA, LEST, LEBB, LEMG, GCLP, GXCO y GCTS), está provocando un tsunami político entre los propios socios del Gobierno, como es el caso de Unidas Podemos.

A este respecto, el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral ha enviado una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, donde ha mostrador su rotunda oposición a la privatización de las torres de control y donde además denuncia la situación que atraviesan los bomberos aeronáuticos. Mayoral ha solicitado una reunión urgente, con la intención de revertir este proceso de privatización iniciado por el PSOE en el 2010, cuando se consumó el cierre patronal del espacio aéreo, decidido por el aquél entonces Ministro de Transporte, José Blanco y bajo el Gobierno de Zapatero.

A la orgía de declaraciones y posicionamientos en un año de elecciones, se ha unido el representante de Coalición Canarias, Fernando Clavijo, que considera que el objetivo de la privatización de las torres “es aumentar la cuenta de resultados de una empresa privada» en una clara alusión a la empresa rescatada por el Gobierno, Portobello. Clavijo además, considera que se está intentando vulnerar el artículo 161 del Estatuto Canario que regula entre otros, la competencia de Canarias sobre los aeropuertos.

Por su parte, el senador Carles Mulet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, ha enviado varias preguntas parlamentarias al Gobierno donde reclama ser contestado por escrito, para saber si el ejecutivo,  “tiene idea de seguir destruyendo ENAIRE, para que AENA siga dando dividendos a gente que no ha puesto nada” .

Por otro lado, a iniciativa del senador por MÉS PER MALLORCA VICENÇ VIDAL MATAS, se ha solicitado la comparecencia de la ministra de Transportes en el Senado, por considerar que la privatización de la Torre de Palma va en contra de los intereses de las islas.

Al Ministerio le da igual la seguridad

Así de contundentes se mostraron los representantes de USCA a la salida de la reunión el pasado lunes con altos cargos del Ministerio de Transporte, donde pudieron constatar que el Gobierno va a continuar con el proceso de lowcostización del sector aéreo en detrimento de la seguridad.

La reunión fue calificada como “calamitosa”, con la “sensación de improvisación absoluta” y la conclusión de que al ejecutivo le da igual que el sistema sea ineficiente, puesto que se trata de una “decisión meramente política, da igual que se dupliquen los puestos en las aproximaciones o que se ralentice el crecimiento del tráfico en los aeropuertos más punteros”.

El planteamiento de los representantes del Ministerio, es simple con respecto a la seguridad: “la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los reglamentos europeos”, lo que demuestra su total desconocimiento en materia de seguridad operacional, ya que aunque una empresa esté “certificada por un organismo dependiente del propio Ministerio, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no garantiza la seguridad en un sistema tan complejo como la aviación, sino que es simplemente un requisito. Todas las compañías aéreas tienen un certificado de operador aprobado por la autoridad, y sin embargo, un eslabón de la frágil cadena de la seguridad se puede romper en cualquier momento generando unas consecuencias de gran calibre. La lowcostización del control aéreo puede romper uno de los eslabones de la seguridad y como consecuencia, ser un factor contribuyente de un accidente.

Por su parte USCA, considera que “no tiene mucho sentido detraer ingresos de una empresa pública para dárselos a un fondo de inversión, algunos de ellos buitres, como Portobello”.

Con todos estos planteamientos, el Ministerio debería entrar a valorar si realmente este proceso de privatización sirve para mejorar la competitividad de los aeropuertos, sus niveles de calidad y seguridad, pues precisamente debe ser la Administración Pública la que garantice esos niveles de excelencia, y responder al «sinsentido» de una privatización basada en conseguir una mayor eficiencia y tal y como se ha dicho, el abaratamiento del coste de los billetes, cuando se advierte que este proceso, de llevarse a cabo, más bien tenderá hacia la precariedad laboral haciendo de un servicio publico, un negocio para empresas privadas donde el objetivo principal sea la consecución del mayor beneficio, y no el de la seguridad.

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1 COMENTARIO

  1. Echamos de menos esos artículos crítico de Aviación Digital donde sin pelos en la lengua cuenta las cosas como son
    Esto es algo que ha instado AENA que se va de rositas
    Que verguenza
    Por que nadie critica a AENA

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