
La decisión del Juez atiende la solicitud de la acusación particular en este sentido, que considera al Ministerio responsable de velar por el control y mantenimiento de las aeronaves de España, toda vez que fue él quien autorizó en reiteradas ocasiones la operatividad del aparato a pesar de sus evidentes irregularidades y de haber sido alertado de las mismas por la Dirección General de Aviación Civil francesa.
El helicóptero que se estrelló en Torallola, reconstruido por uno de los acusados a partir de viejas piezas de helicópteros obtenidas en diferentes subastas, no reunía los requisitos básicos para hacer las operaciones a las que estaba designado, a pesar de lo cual Aviación Civil fue renovando el certificado de aeronavegabilidad del aparato en sucesivas ocasiones.
De ser acusado, el Ministerio de Fomento no sólo tendrá que hacer frente a las indemnizaciones económicas pertinentes, sino que se sentará precedente a la hora de dilucidar el papel que Aviación Civil tiene en cuanto a la seguridad de las operaciones aéreas, tanto en su faceta de regulador como en las de control y supervisor.






