Las Palmas de Gran Canaria, SP, 10 de julio de 2014.- Mucho más grave la privatización de AENA que el circo petrolero. El rifirrafe cómico-político sobre plataformas invasoras, referéndums y manifestaciones de manos negras, pudiera hasta tener connotaciones pugilísticas entre dos facciones, bien definidas por las respectivas y estrictas disciplinas de partido, encabezadas por sus adalides correspondientes.
Pero desde la segunda trinchera puede sentirse el avance demoledor de una apisonadora sin más control que la «mayoría absoluta», para arrasar un motivo de supervivencia tan vital para Canarias como el control de nuestros ocho aeropuertos que, en manos privadas, supondría un destrozo irreversible.
No es alarmismo gratuito, sino un uso de la razón aplicado al sentido común desde el conocimiento del ámbito aeronáutico y de la especifidad de estas islas.
La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha definido la operación como especulativa, porque supone prejuicio evidente para una ciudadanía que sufriría las consecuencias de sustituir la condición de «servicio público» por la de «negocio privado». Aunque no sea dictamen vinculante, es un punto de apoyo válido y suficiente para la reivindicación autonómica basada en la Ley Orgánica 4/1996 que define nuestro Estatuto de Autonomía, en cuyo artículo 30, punto 13, se expresa que si el Estado no se reserva la gestión directa de los aeropuertos canarios, considerados de interés público, su competencia debe ser transferida directamente a la Autonomía. No caben subterfugios legaloides de interpretación sesgada sobre el artificio del 51% provisional para justificar un «control» que no se contempla en el articulado que solo alude a «gestión directa». Llegado el caso, el Tribunal Constitucional, en aplicación del art. 149.3 de la C.E., debería decidir sin ambages en favor de la autogestión aeroportuaria
Si para la población peninsular, una operación tóxica, corrompida desde su gestación, se vaticina como un desastre real, para Canarias el destrozo se vería agravado exponencialmente por razones obvias de insularidad y ultraperiferia. Nuestra vulnerabilidad radica en la dependencia casi exclusiva del medio aéreo, necesariamente contemplado como «servicio público», tanto para la conectividad interna de los habitantes locales como de tratamiento adecuado a un turismo que, aunque adolece de ciertas limitaciones por una mediocre gestión, sigue siendo el único medio válido de subsistencia para la economía autóctona, abocada a la ruina si la gestión de los aeropuertos se convirtiera en negocio exclusivo de unos pocos, como casi siempre sucede, y ejemplos abundan.
No es cuestión de confrontar gestión privada y pública, pues cada caso exigiría un análisis objetivo, exento de manipulaciones interesadas.
Sería prolijo detallar aquí todos los condicionantes adversos que rodean el pernicioso proyecto privatizador de AENA en Canarias. Merece un trabajo aparte que no cabría en este espacio.
Desde una perspectiva desinteresada y mínimamente informada, sería deseable que la radicalizada polémica petrolífera, con un desgaste institucional que apenas reporta dudosas expectativas favorables para los canarios, dejase espacio y se aplicaran todas las energías, electoralistas o no, a una reivindicación más seria, firme y contundente en defensa de la autogestión aeroportuaria porque, !aquí, SI nos la jugamos!
Si AENA es un ente lamentable como monopolio ejerciente y despótico, despilfarrador, turbio y exento de transparencia, la alternativa, desde luego, no es regalar poder y negocio a los amigos de siempre o a multinacionales extranjeras, como suele suceder.
Preocupante sería que las entidades autóctonas: Gobierno autónomo, Cabildos, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio… se amilanasen ante la asunción de responsabilidades en consorcio, para conservar y mejorar, con transparencia y espíritu de servicio al pueblo, la gestión pública local de un patrimonio canario de muy alto rango, e irrenunciable como elemento vital de supervivencia.
05/07/2014 bonzoc@hotmail.com
