Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la modificación de la Ley de Seguridad Aérea, que permitirá a los proveedores de servicios de Navegación Aérea y a la Autoridad Aeronáutica tener acceso a las conversaciones de controladores y pilotos para «controlar, supervisar, auditar e inspeccionar la prestación de servicio, así como para realizar el estudio o análisis de los posibles incidentes producidos». Un particular «Sitel» del inquilino de Fomento, que ha sido aprobado por los Socialistas, a pesar de ir en contra del artículo 14 sobre «La protección de información sensible en materia de seguridad» del Reglamento de la Unión Europea (996/2010), de rango superior.
Dicho artículo 14 en su apartado 1, específica que los registros no serán publicados o utilizados para fines distintos de la investigación de seguridad.
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El Parlamento también aprobó una enmienda presentada por el Partido Socialista sobre el carácter reservado de la información, dentro del Capítulo III sobre la protección de la información. Los datos, registros, grabaciones, declaraciones comunicaciones, indicadores e «informes» facilitados en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional, no tendrán carácter reservado para los profesionales aeronáuticos, solo, para los proveedores de servicios y productos aeronáuticos.
Según expertos en seguridad, esta enmienda es un mazazo para el reporte voluntario de sucesos, esencia de los Sistemas de Gestión de la Seguridad, que tendrá como consecuencias a corto plazo, que los profesionales solo notifiquen los sucesos que marca la Ley (RD 1334/2005), lo que para estos expertos tendrá repercusiones muy negativas para la prevención de futuros accidentes.
Sebastián González Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario, fue el único coherente en su exposición y el único que estuvo a la altura de las circunstancias, ya que se notaba que se había estudiado la Ley con profundidad, no como el resto de los diputados que daba la impresión que les habían hecho los deberes otros y que lo único que tenían que hacer era seguir la disciplina del partido, sin valorar las consecuencias que iba a tener la aprobación de esta Ley para los ciudadanos, que a fin de cuentas es para quien trabajan.
Sebastián, defendió la necesidad de que se proteja la información y que se incorporará a los Trabajos Aéreos al Programa Estatal de Seguridad, dada la alta siniestralidad del sector, mencionando como ejemplo el accidente del helicóptero de Tenerife. Al resto de sus señorías le importo un huevo este asunto, y el inquilino de fomento dedicó su intervención «estelar», a cargar nuevamente contra los controladores.
Por último, el diputado popular intento defender la enmienda al artículo 12.2 que inicialmente había sido apoyada en el Senado por CIU, para que los profesionales que realicen actuaciones con carácter preventivo, no puedan sufrir efectos adversos a sus puestos de trabajo, tal y como esta ocurriendo en la actualidad. Lamentablemente CIU, prefirió la plata que le va proporcionar esta Ley con respecto a los ingresos de los gestores de aeropuertos (Título VI de la Ley). Ni los votos de UPYD ni los de IU fueron suficientes para apoyar al enmienda del PP.
Gran decepción entre los profesionales y sin duda alguna un paso atrás en materia de seguridad, que inevitablemente los ciudadanos sufrirán las consecuencias.
