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mayo, martes 11, 2021

Aviación Civil es la responsable última de las condiciones en las que operan todas las aeronaves de matrícula española

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Foto Segre.comMadrid, 2 de noviembre de 2011.- El Abogado del Estado ha pedido la absolución de los tres imputados por el accidente del helicóptero de Torallola, en el que, en junio de 2002, murieron ocho personas mientras se realizaba el servicio de revisión de las líneas de alta tensión de dicha localidad ilerdense. Los tres acusados se han defendido estas últimas semanas ante la Justicia de ocho presuntos delitos de homicidio imprudente y delitos contra los derechos de los trabajadores.

En la misma línea, el Ministerio de Fomento figura como responsable civil subsidiario, ya que fue bajo su supervisión cuando se realizaron todas las irregularidades que, en última instancia, desembocaron en fatal accidente el 14 de junio de 2002. Con la inconcebible petición de absolución de los tres imputados -el cuarto inicial ha sido absuelto al determinar el Juez que respondía a órdenes de sus superiores- la Abogacía del Estado parece buscar eludir la responsabilidad del Ministerio en este accidente.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas quiere recordar que la Dirección General de Aviación Civil de aquella época expidió un certificado de aeronavegabilidad a un helicóptero que, a todas luces, no se encontraba en situación de volar con una mínima garantía de seguridad. De hecho, la absoluta falta de diligencia de Aviación Civil llevo a ésta, en un inicio, a emitir un certificado de aeronavegabilidad que no se correspondía siquiera con el modelo real del helicóptero, por lo que el programa de mantenimiento que se le aplicaba no era el correspondiente y por tanto el adecuado a sus características.

Posteriormente, fue la Dirección General de Aviación Civil francesa quien advirtió de esta irregularidad a sus homólogos españoles, recomendándoles al mismo tiempo que restringieran la capacidad operativa del helicóptero, dadas sus características defectuosas. Aviación Civil se limitó a suspender el certificado, aunque sin paralizar el helicóptero.

Dicha inhibición de funciones permitió a la postre que, el 14 de junio de 2002, el helicóptero fuera a revisar las líneas de alta tensión de la localidad de Torallola con ocho personas a bordo, incluida la tripulación. Durante el vuelo, la cola del aparato de separó del resto de la nave debido a su deficiente mantenimiento, haciendo que ésta se precipitara contra el suelo. Los ocho ocupantes del helicóptero fallecieron a consecuencia del impacto.

"Aviación Civil es la responsable última de las condiciones en las que operan todas las aeronaves de matrícula española", denuncian desde SEPLA. "Fue Aviación Civil quien expidió certificados basados en falsedades, y quien permitió, que ese helicóptero construido a base de chatarra estuviera volando tanto tiempo. Por eso, no entendemos que ahora traten de eximirse de sus responsabilidades hasta el punto de pedir la absolución de los responsables directos del accidente".

Sucesión de chapuzas

La historia de la aeronave que se estrelló en Torallola es la máxima expresión de los males de los que adolece el sector de helicópteros en nuestro país. La sucesión de chapuzas, negligencia, mala praxis y permisividad de las autoridades permitieron que se materializaran las condiciones para un trágico accidente.

El helicóptero fue adquirido por uno de los imputados, P.M.S. Maturana, en una subasta del Ejército del Aire, y se entregó sin elementos clave como el motor, las palas o el rotor de cola. Su reconstrucción, realizada por el propio imputado en un centro de su empresa Helieuropa, se hizo con piezas obtenidas en diferentes museos. Una vez montado el aparato, Maturana consiguió que el Subdirector General de Transporte Aéreo de Aviación Civil le expidiera un certificado de aeronavegabilidad que no se correspondía con el modelo del aparato.

A partir de ahí, y durante años, el programa de mantenimiento que se aplicó a la aeronave no se correspondía con sus características reales, lo que a la larga provocó que el helicóptero fuera deteriorándose, disminuyendo su capacidad para volar. A pesar de las evidencias, Aviación Civil no inmovilizó la máquina y se limitó a ir solicitando a diferentes departamentos un certificado adecuado para el helicóptero, que finalmente se partió en pleno vuelo.

Sentar un precedente

Nueve años después del accidente, parece que el proceso judicial toca a su fin. El TMA encargado del aparato ha sido absuelto de sus cargos al considerar que se limitaba a cumplir órdenes. Sin embargo, la investigación ha demostrado que el resto de imputados tuvieron conocimiento directo de los defectos de la aeronave y no hicieron nada para remediarlo. Sólo así se explica que durante años se aplicara un mantenimiento inadecuado para el modelo de helicóptero, algo a todas luces perceptible para un encargado de mantenimiento.

De la misma manera, resulta especialmente importante destacar el papel que Aviación Civil jugó en todo este entramado de chapuzas. "La Justicia tiene ahora la importante misión de sentar un precedente que obligue a las futuras administraciones a velar de manera efectiva por que se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por la ley", manifiestan las fuentes de SEPLA. "Esperamos que la irresponsable petición del Abogado del Estado de absolver a los imputados no prospere. Sólo así podremos decir que hemos ayudado a la seguridad aérea".

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