El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha rechazado la oposición al embargo de bienes por valor de 37,6 millones de euros impuesto a Gerardo Díaz Ferrán, a Gonzalo Pascual y a otras tres personas en agosto de 2010 para cubrir las deudas contraídas por Air Comet, según el auto dictado el apsado 31 de enero.
El juez Francisco de Borja Villena desestima así las alegaciones presentadas por los embargados y considera que su actuación previa a la declaración del concurso "justifica un evidente riesgo de despatrimonialización" ante la que tendrán que "responder".
En este sentido, el juez añade que su gestión provocó que a un desbalance total próximo a los 238 millones de euros "se uniera un incremento del pasivo de 46 millones", durante el periodo intermedio entre la aparición de los hechos reveladores de la insolvencia y la presentación del concurso de acreedores.
El mantenimiento del embargo afecta también a la sociedad Inversiones Grudisan, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y su familia, que fue vendida junto a Viajes Marsans a la sociedad Posibilitum, así como al hijo del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Santamaría, al hijo de Pascual, Ignacio Pascual de la Riva, y al antiguo director general de la aerolínea, José María Llodrá.
El juez recuerda que la insolvencia de Air Comet se produjo por las deudas contraídas por la aerolínea con la Tesorería General de la Seguridad Social, que sumaban 7,3 millones de euros en febrero de 2009, a las que se sumaron los impago de los salarios de los trabajadores y de los ingresos correspondientes a las retenciones del IRPF.
Además, el juez mantiene la medida cautelar de embargo al considerar que existe un "riesgo potencial" a la desaparición de los bienes, ya que ha resultado "prácticamente infructuoso" hacer efectivo el embargo. En concreto, el juez acusa al hijo de Díaz Ferrán de haber transmitido sus bienes inmuebles a favor de sociedades terceras "para dificultar su efectividad".
El juez considera que Air Comet ya estaba en situación de quiebra casi dos años antes de declararse en concurso de acreedores en diciembre de 2009, por lo que el embargo de aviones por un crédito impagado a la entidad alemana Nord Bank y la prohibición de seguir vendiendo billetes por parte de la IATA no fue la causa de la quiebra.
