Autenticamente "repugnante" ha sido la situación vivida ayer en el juicio por el accidente de Torallola, por el accidente del helicóptero EC-GJL en el que fallecieron ocho personas. Esto es una opinión de una fuente jurídica experta, consultada por AD, y adjetiva la actuación del Abogado del Estado, pagado con los impuestos de todos los ciudadanos. Las "joyas" durante la vista final, de conclusiones por las partes, las ha puesto él. El objetivo era que a través de la absolución de los tres imputados, y pese a reconocer que la documentación de la aeronave se obtuvo a través de falsedades, y la acreditación fehaciente de este extremo durante el proceso, se eximiera de responsabilidad civil a Fomento a cualquier precio. Aquello de la jurisprudencia que va a sentar si se condena a Fomento, este caso.
Es la "desesperación" de la Abogacía del Estado, por todo lo practicado durante todos estos días, desde el punto de vista declarativo y pericial, y viendo que la balanza de la justicia muy probablemente pueda decantarse hacia la condena (4 años más la parte pecuniaria), y que ésta "salpique" a la administración, y tenga que responder civilmente de la imputación penal a los Sres. de Helieuropa Services, con P. M. S.de M. al frente.
La única forma de no verse salpicada la administración era defender lo indefendible. Por esto finalmente, ante un auditorio atónito, el Abogado del Estado pidió la absolución.
Pero de paso, para pedirla, y reconociendo textualmente la falsedad del certificado de aeronavegabilidad del helicóptero siniestrado, dejó caer varias guindas de las de órdago. Reconocer la falsedad de la documentación, y posteriormente decir que penalmente no es punible el comportamiento de los 3 imputados no tiene por donde cogerse. De pasó se mostró en una actitud calificada de subjetivamente amenazadora con las acusaciones. Esto entra dentro de la puesta en escena de estas fases finales de informes de las conclusiones de las partes.
Pero el final de sus conclusiones es de no echar gota. Este Sr.Abogado del Estado, se permitió decir algo así como que "de ser delictivos los hechos, no se produjeron en un establecimiento público, pues el aeropuerto de Sabadell, no es del Estado, sino de AENA". Logicamente intentando llevarlo al absurdo, como el accidente fue en un monte público, el Ayuntamiento podría tener algún tipo de responsabilidad ¿no?
El Juez no lo tiene ni difícil ni fácil, lo tiene simplemente delante.
La cuestión de fondo es que si el Estado, Fomento, finalmente es declarado responsable civilmente y de forma subsidiaria, debería abrir automaticamente un Expediente sancionador a todos y cada uno de los funcionarios intervinientes, incluído el ex-Director General de Aviación Civil, Enrique San Martí. Lo mismo que los inspectores, y el Director de la Oficina de Seguridad en Vuelo, nº5 de Bilbao. Y logicamente depurar hasta el final responsabilidades de todos ellos.
El TMA imputado, resultó ayer absuelto de todas las acusaciones, pero en sus declaraciones se vislumbró la poca rigurosidad de las revisiones que hacía la compañía, como indicábamos hace unos días.
