Las compañías aéreas low cost seguramente cuestan menos a sus usuarios que las otras, pero en cambio nos salen más caras al conjunto de los ciudadanos, tanto si volamos en ellas como si no. El truco es que ingresan en concepto de subvenciones públicas y otros apaños fiscales cantidades que financiamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos.
Es el caso de Ryanair, pionera en estos enjuagues, que coacciona permanentemente a las autoridades autonómicas con la amenaza de no operar en su territorio si no percibe de ellas una pasta gansa.
Uno de los elementos de chantaje es la existencia en España de la friolera de 50 aeropuertos, la mayor parte de ellos claramente deficitarios y que necesitan imperiosamente vuelos para no evidenciar su fracaso.
Así, la citada Ryanair va a recibir 40 millones durante los próximos cinco años por continuar operando en Reus y Gerona, aunque no es la única compañía, claro, en buscar este tipo de prebendas. Por ejemplo, la valenciana Air Nostrum sopesa trasladar su sede social de esa Comunidad al País Vasco, a cambio de sustanciosas ventajas fiscales.
La financiación institucional del sector aéreo otras veces resulta más sutil, como sucede con Spanair, que en menos de tres años ha aumentado su capital en 422 millones provenientes de empresas públicas.
La razón de este estado de cosas radica en el nefasto hábito de las subvenciones oficiales, consideradas como una generosa aportación por parte de la Administración y como un derecho de quienes las reciben, cuando en realidad se trata solo de una práctica arbitraria y abusiva que, eso sí, nos cuesta un riñón a los ciudadanos.
