(EL CONFIDENCIAL/Agustín Marco).- La polémica envuelve a una de las últimas grandes adjudicaciones públicas del Gobierno. Fomento, a través de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), ha otorgado el contrato de asistencia aérea de las emergencias en el mar a una filial de European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) sin licencia para volar. Un contrato cuyo importe asciende a 240 millones y que ha sido recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El pasado 20 de julio, Sasemar decidió otorgar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por EADS Construcciones Aeronáuticas y EADS PZL Warsaawa (una filial polaca) la adjudicación para los servicios públicos de operación y mantenimiento de los helicópteros y aviones de gran tamaño encargados del salvamento marítimo, la lucha contra la contaminación del mar, la gestión y el mantenimiento de las aeronaves propiedad de Sasemar, el mantenimiento de los stock de repuestos y el de los helipuertos y hangares.
Una labor que llevaba haciendo desde hace veinte años Inaer, una empresa española propiedad de dos firmas de capital riesgo, Investindustrial y KKR. Esta compañía se presentó al concurso renovable cada seis años (cuatro ejercicios ordinarios más dos de prórroga) y lo perdió a favor de EADS, grupo europeo en el que el Estado español tiene una participación minoritaria del 5,5%.
La sorpresa fue al ver cómo en el contrato de la adjudicación la propia Sasemar reconocía que el consorcio del grupo aeronáutico no cumplía una de las condiciones principales del pliego. En concreto, indicaba que "una vez verificada la documentación aportada por la UTE EADS Construcciones Aeronáuticas SA y EADS PZL Warsaawa Okece SA no figura el certificado de operador aéreo, por lo que la Mesa (de contratación) considera que carece del mismo".
La concesión debía de haber entrado en vigor el pasado 16 de agosto, pero quedó bloqueada porque Inaer recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Economía. En cualquier caso, EADS no tenía a esa fecha la licencia para pilotar los helicópteros y los aviones con los que se acuden a los rescates de barcos en el mar. Dicha autorización la concede la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, organismo del Ministerio de Fomento, en cuyo último listado de principios de septiembre tampoco aparece el consorcio del grupo aeronáutico.
A preguntas de El Confidencial, Sasemar ha declinado hacer ningún comentario sobre este contrato. Se ha limitado a decir que ya ha respondido a las cuestiones que le ha solicitado el Tribunal Administrativo Central, del que se espera que publique su dictamen en breve. Aunque su conclusión no es vinculante, es obvio que de facto influiría en la adjudicación. Según fuentes próximas de Economía, su postura es contraria a que EADS opere ese servicio de gran importancia sin licencia ni medios suficientes.
Inaer ha rechazado valorar esta información, si bien ha confirmado la presentación del recurso ante el Tribunal Administrativo. Para esta empresa con sede en Alicante, el contrato supone cerca del 10% de sus ventas anuales mundiales, que rondan los 600 millones de euros. La compañía opera estos mismos servicios de salvamento marítimo en Italia, Australia y Reino Unido. En España es también la sociedad a la que el Ministerio de Sanidad confía los servicios de traslado de urgencias por helicóptero y avión.
