
El ministro está más que preocupado por las acusaciones, ya que la iniciativa europea de los controladores españoles, han trascendido por primera vez del ámbito nacional así como las consecuencias de su Decreto y posterior Ley 9/2010.
Los controladores solicitantes quieren que Europa obligue cautelarmente a España a la vuelta al I Convenio (CCP), hasta que el Parlamento y la Comisión Europea finalicen su investigación.
Los ATC españoles, son el primer colectivo de trabajadores europeo que se acoje al nuevo Tratado de Lisboa -en vigor desde diciembre de 2009- con el objeto de defender sus legítimos intereses. Es una vía novedosa, pero totalmente legal y reconocida en la ley europea.
Evidentemente, lo que se ha puesto sobre la mesa, es que por encima de los gobiernos, existe una normativa de amparo a nivel europeo, que podría utilizarse en casos flagrantes como es el de nuestro compatriota Javier Aguado del Moral, vilmente expedientado tras la solicitud de rescisión de contrato ante lo insostenible de su situación personal y profesional, a escasos metros de donde se sienta, por ejemplo el ministro responsable.






