Aviaciondigital, Sp.- La Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España por aplicar incorrectamente el Reglamento (UE) nº 2018/1139 sobre aviación civil y la Agencia Europea de Seguridad Aérea EASA, y el Reglamento (UE) nº 1178/2011 sobre el personal de vuelo de la aviación civil. La denuncia ha partido de la Autoridad Alemana.
La Comisión Europea ha iniciado este procedimiento de infracción porque la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España (AESA) está exigiendo, que las aeronaves ya matriculadas en otros Estados miembros o en terceros países, se vuelvan a matricular en España antes de que puedan tener una base permanente en ese país, incluso cuando entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1139, que exige el reconocimiento de las declaraciones y los certificados expedidos con arreglo a sus términos.
Los recelos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española
El origen de los recelos de la AESA, está en los numerosas aeronaves de Aviación General, deportiva y de vuelo sin motor, actividades tradicionalmente marginadas por nuestra autoridad aeronáutica. Éstas operan habitualmente en nuestro país pero que son matriculadas bajo la tutela de la Autoridad Aeronáutica Alemana -considerada mucho mas receptiva y ágil-, siendo la Aviación general y deportiva, considerada una actividad estratégica para el desarrollo del transporte aéreo del país germano.
Según fuentes de Aviaciondigital, la AESA esta poniendo múltiples problemas a aquellas escuelas DTO (Organización de Entrenamiento Declarada), para que puedan incluir aviones con matrícula europea.
Las Autoridades Europeas llevan avisando reiteradamente a España, de que estamos incumpliendo la normativa europea, por lo que ante la falta de voluntad de solucionar el problema, no ha quedado más remedio que abrir un procedimiento de infracción formal contra España.
Según detalla en su escrito la Comisión Europea, la obligación española de rematricular determinadas aeronaves, impone un requisito adicional que obstaculiza la armonización necesaria para garantizar un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil en la Unión, y vulnera el derecho de los operadores de aeronaves matriculadas en otros Estados miembros o terceros países, al basar dichas aeronaves en España.
España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; en caso contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.
