Los controladores alertan del peligro de privatizar las torres de control

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La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) alertó ayer al Cabildo de Lanzarote y a la Asociación Insular de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan) de los graves problemas que acarreará para Canarias la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. (LA PROVINCIA.es)

Reunión de los controladores en el Cabildo de Lanzarote. i J. FUENTES Los controladores entienden que la decisión de AENA de adjudicar la gestión de las torres de control a la empresa Saerco tendrá "un impacto muy negativo en cuanto a la seguridad y a la calidad de servicio en estos tres aeropuertos canarios".

La cúpula directiva de USCA, que hoy se reunirá con el Cabildo de Fuerteventura y los empresarios majoreros, denunció ayer que la empresa Saerco no tiene la experiencia necesaria para gestionar los tres aeropuertos canarios. "Está constatado que Saerco se constituyó oficialmente dos meses después de que AENA pusiera en marcha el proceso para la liberalización de las torres de control en enero de 2011 por lo que su experiencia en el sector es nula", señala el portavoz de Usca, Javier Zanón.

Saerco gestionará las torres de control junto a la empresa ANS, que gestiona los servicios de navegación aérea de la República Checa. Un dato que para los controladores tampoco es positivo "dado que el pasado año atendió alrededor de 200.000 operaciones en la República Checa, muy por debajo de las 300.000 operaciones que tienen lugar en Canarias".

En la reunión que mantuvieron los controladores con el Cabildo y Asolan también se puso sobre la mesa la mala gestión económica que el administrador de Saerco, Ildefonso De Miguel Rodríguez, llevó a cabo al frente de la empresa pública madrileña de gestión de aguas Canal de Isabel II.

USCA cree que los datos que están saliendo a la luz pública sobre Saerco deberán obligar a AENA a replantearse la adjudicación definitiva de las torres de control. Los miembros de USCA confían en que la Asociación Española de Seguridad Aérea, que debe ser en última instancia la que ratifique la adjudicación, paralice el proceso. "Creemos que hay que estudiar seriamente todo el proceso por los efectos negativos que podría acarrerar a las islas", señala Zanón.

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