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Mapfre condenada a pagar 54.000 € por la vida de una azafata

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Madrid, SP, 17 de octubre de 2014.- El Juzgado de lo Social Número Cinco de Málaga ha condenado a Mapfre a pagar 54.000 euros a los padres de una de las auxiliares de vuelo que murió en el accidente de Spanair en agosto de 2008 alegando que la aseguradora “ha sido renuente al pago” y obligando al desembolso de intereses moratorios que duplican la cifra inicial que sumaba 27.000 euros.

Esta sentencia, la primera en España sobre este accidente, sienta las bases de lo que podrían ser las siguientes vistas con la vida de los víctimas igualada a los fallecidos por accidente de tráfico. Este hecho ha sido denunciado ya en numerosas ocasiones por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 y por su presidenta, Pilar Vera, quien ha calificado como “negocio” para Mapfre este accidente.

La aseguradora, que el pasado agosto afirmaba haber desembolsado ya 21 millones de euros por 40 de las víctimas y tener 12 millones consignados para hacer frente al resto de las indemnizaciones, tenía firmada con Spanair una póliza por valor de 2800 millones de euros como cobertura máxima del total de daños, de los que 1200 millones serían para daños personales.

Después de este sencillo baile de cifras la indignación de las víctimas se resuelve precisa puesto que con estas calificaciones se mercadea con la seguridad de los pasajeros, convirtiendo en casi rentable en materia económica el descuidar el mantenimiento de las aeronaves y el primar el negocio y la rentabilidad a la seguridad.

Asimismo, el juez del Juzgado de Málaga ha absuelto a Boeing, aunque mostrando su rechazo por la “falta de legitimación pasiva”, ya que el avión fue fabricado por Mc Donell Douglas empresa adquirida más tarde por el gigante americano. Según reza la sentencia “el sistema de mala configuración de despegue TOWS no era obligatorio sino recomendable” por lo que considera que “no se infringe el deber de cuidado al situarse el riesgo inherente dentro del área permitida o tolerable”.

Esta afirmación ha sorprendido a los profesionales del entorno aeronáutico, que han calificado de “injustificable” las razones del Juzgado. Como recordaba el abogado que representa a la familia de la fallecida, Manuel Temboury, el sistema TOWS sí era obligatorio, y “el fallo se produce precisamente por el no aviso de este sistema, no por la falta de instalación del sistema redundante”.

Con este precedente sobre la mesa las familias del JK5022 vuelven a expresar su repulsa porque se comercie con las vidas humanas y la compañía aseguradora española vuelve a demostrar que su eslogan ha perdido todo su sentido.

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