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USCA se querella contra Juan Lema y Carmen Librero por un presunto delito de prevaricación

Asimismo, la actuación de los querellados pudo ser también constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos

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Aviaciondigital, Sp.- Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha interpuesto una querella por un presunto delito de prevaricación y de malversación a la entonces cúpula de Aena, cuando de forma consciente como respuesta a la crisis laboral por la modificación que perjudicaba las condiciones laborales de los controladores, decidieron no aplicar el Plan de Contingencias ATS, que derivó en el cierre injusto y a conciencia del espacio aéreo, el 3 de diciembre de 2010.

Prevaricación, es decir, un delito contemplado dentro del derecho penal, que tiene lugar cuando hay una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, es decir, cuando un sujeto activo realiza actos o comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo. Se trata de un delito especial, ya que el sujeto solo puede ser una autoridad pública, un funcionario o un juez, y compromete totalmente su confianza, profesionalidad y responsabilidad ante los demás. Por ello, siempre se castiga con la inhabilitación del empleo o cargo público.

Esta forma de abuso de autoridad, en este caso en contra de un colectivo, y que produce un grave perjuicio, fue la que presuntamente pusieron en practica aquél 3 de diciembre de 2010 los querellados, y responsables de decretar arbitrariamente la regulación Rate 0, y ordenar el cierre del espacio aéreo:

D. Juan Ignacio Lema Devesa, Presidente y Director de Aena y marido de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Montserrat Mestres; Dª. Carmen Librero Pintado y actual Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana, Directora de Navegación Aérea, D. Andrés Torrecilla Ripoll, Director de operaciones ATM, D. Antonio Almodóvar Martín en su condición de Jefe de la División ATS del Centro de Control de Madrid, D. Gabriel Novelles Bau, en su condición de Director Regional del Centro de Control de Madrid, D. Pedro Pérez de los Cobos en su condición de jefe de la UCATM, y D. José Luis de la Calle, en su condición de responsable máximo en AENA del control de afluencia.

El relato de los hechos que han desembocado en esta querella, a la que ha tenido acceso Aviaciondigital, arranca en Diciembre de 2010, tras las infructuosas negociaciones para adoptar un nuevo Convenio Colectivo entre Aena y los controladores de tránsito aéreo, situación que se vio agravada por la por la inminente aprobación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre en el que se regularía el horario laboral, siendo dicha modificación perjudicial para los intereses del colectivo.

Alertados por las consecuencias, los controladores decidieron convocar una asamblea permanente el día 3 de diciembre de 2010, para adoptar un mecanismo de presión laboral contra Aena y el Gobierno.

A los querellados, responsables de Aena, no se les ocurrió otra medida para eludir el conflicto laboral al que tendrían que enfrentarse, que esa misma tarde del 3 de diciembre, realizar distintas regulaciones restrictivas del tráfico aéreo, hasta adoptar la Rate 0, es decir, la imposibilidad de despegue o aterrizaje de una aeronave en un aeropuerto totalmente inoperativo y, por consiguiente, el cierre del espacio aéreo.

Esta decisión fue preconcebida por la dirección de Aena, a cargo de los querellados, de forma consciente como respuesta a la crisis laboral por la modificación que perjudicaba las condiciones laborales de los controladores, y para que, bajo el pretexto y la falsa atribución de abandono del servicio, achacarles la responsabilidad por las graves consecuencias que se producirían para viajeros y compañías aéreas.

Los controladores en cambio, no abandonaron en ningún momento su puesto de trabajo, y fueron culpados del conflicto generado, que derivó en una imputación penal por un delito de abandono, del que finalmente fueron absueltos por la SAP 213/2022.

Los querellados, en el momento de los hechos, cumplían con el requisito de poseer la condición de funcionarios públicos, y cometieron un delito de prevaricación (articulo 404 del Código Penal). Del mismo modo, su actuación podría implicar en un delito de malversación de caudales públicos, ya que forzaron la movilización de personal militar para la toma de los centros y torres de control aéreo en aeropuertos de toda España, destinando importantes recursos públicos con esta ilícita finalidad, y provocando un entorpecimiento al servicio público.

Tras muchos años, ahora les toca el turno a los controladores, de esperar que se haga justicia.

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