A estos Sres. de Cremades&Calvo Sotelo, no les ha debido sentar muy bien el archivo de la causa del Juzgado de Instrucción Nº6 de Málaga. Mientras ayer el letrado Vericat, se prodigaba a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, en Málaga se sentaba un precedente que puede desbaratar su pública estrategia de acusar de fingir bajas médicas a este colectivo el 3 de diciembre. Peligroso precedente. Pero llama la atención, esa obsesión mediática que D.Luís Vericat muestra.
Según fuentes jurídicas consultadas "resulta casi obsceno salir de un Juzgado y divulgar a los cuatro vientos lo que allí se ha tratado a puerta cerrada". "No estamos en EE.UU. donde la presión mediática es utilizada como un elemento más de las herramientas de la defensa o la acusación. Aquí los jueces se blindan especialmente de esos ruidos. Aquí, incluso se considera que en determinados momentos del proceso es una falta de respeto hacia el propio proceso", nos comentaba una fuente con amplia experiencia en estas lides.
Evidentemente, este prodigarse, es parte de la estrategia de marketing del buffete al que pertenece dicho letrado. Un marketing rancio y desgastado en los paises anglosajones, que no suele gustar mucho a nuestros magistrados. Más serios en general, y menos dados a la influencia de los medios. El mensaje es claro, 10.000 afectados x 10.000 euros de reclamación, resultan 100.000.000 de euros. Una cifra considerable que justificaría cualquier payasada ante las cámaras y los focos de los periodistas. Este debe ser el pensamiento y la estrategia mediática.
Crear una ola, aunque sea de falsa o de dudosa credibilidad, debe creer el abogado de la acusación, puede producir rentas en el sentido de que se procese a los controladores, aprovechando la profunda resaca de la opinión pública. De ahí que se repita una y otra vez machaconamente "600.000 pasajeros se vieron afectados", sin que nadie se pregunte ¿en cuántos momentos se afectó la seguridad aérea? o ¿se salvaguardó la seguridad de esas 600.000 personas?, dado que según el archivo de la causa en Málaga indica que estos profesionales no estaban en condiciones para realizar CON GARANTIAS su trabajo. Todo este ruido se puede focalizar de otra manera, con otro prisma, y la respuesta será radicalmente distinta. Los magistrados primero velan por el imperio de la Ley, pero las circunstancias o situaciones acreditadas durante el proceso, imperan sobre las cantos de sirena mediáticos a las puertas de los juzgados. Esa imagen chirría en contraste con la seriedad togada, de nuestros magistrados, que unicamente con la Ley en la mano, fallan.
En este sentido, el letrado de la defensa de los controladores, Sr.Maroto, ha sabido mantenerse al margen de semejantes prácticas. Desde el punto de vista del proceso, lleva ya, por este motivo, un punto de ventaja al letrado de la acusación. El juicio paralelo ante las cámaras, no tiene validez alguna desde el punto de vista jurídico. El razonamiento elemental es sencillo. Ni aunque los 46 millones de españoles estuviesen de acuerdo con la culpabilidad de los controladores, se podría sentenciar en un sentido u otro por este criterio de común acuerdo mediático. A veces, los letrados olvidan que es la Ley, y su aplicación, la que imparte justicia, ni tan siquiera el propio magistrado que la interpreta simplemente, con las pruebas en la mano. En otro caso estaríamos bajo el imperio de lo mediático. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, los argumentos, los fundamentos de derecho a la hora de fallar, irrefutablemente, "con la Ley en la mano", es lo que hace que la balanza se decante en uno u otro sentido. Es el imperio de la Ley, no el imperio de los focos y de los micrófonos.
Un viejo abogado, nos comentaba recientemente que "habitualmente, no son los mejores letrados los que vemos ante las cámaras. La mayoría no sucumben ante el efímero encanto de los medios. Flor de un día, de un proceso". Claro, que desde el punto de vista de la mass media, se asocia la aparición mediática a la calidad profesional. "En la mayoría de los casos, con mi experiencia de 60 años en el ejercicio profesional, puedo concluir que eso no es así", concluye nuestro sabio interlocutor.
Archivo de la causa
El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha archivado la causa abierta a instancias de la Fiscalía contra 14 controladores aéreos de Málaga que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el conflicto que se produjo el pasado diciembre, según han informado este martes a Efe fuentes judiciales.
Los médicos que extendieron las bajas a los controladores que alegaron problemas de salud han sido citados por el juzgado y han confirmado durante sus declaraciones que éstos padecían enfermedades que les impedían trabajar, según publica el diario 'Málaga Hoy'.
La falta de los controladores se produjo después de que el Consejo de Ministros ratificara el 3 de diciembre en un real decreto de medidas económicas que el máximo de horas que pueden hacer los profesionales de tránsito aéreo será de 1.670.
Durante el conflicto, que condujo al cierre del espacio aéreo español y posteriormente a la declaración del estado de alarma, se cancelaron en el aeropuerto de Málaga más de 200 vuelos y se perdieron 30.000 noches de hotel en la Costa del Sol.
La Fiscalía de Málaga abrió el pasado 7 de diciembre diligencias de investigación para determinar si los controladores abandonaron sus puestos para secundar una huelga ilegal.
Los tres primeros controladores fueron citados para prestar declaración el 14 de diciembre, pero ninguno quiso responder a las preguntas planteadas por el Ministerio público, actitud que mantuvieron los otros once.
El pasado 25 de enero, la Fiscalía interpuso una denuncia contra estos catorce controladores por posible abandono colectivo de destino.
El Ministerio Público entiende que los controladores podían haber incurrido en un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal, que recoge que aquella autoridad o funcionario que promueva, dirija u organice el abandono colectivo e ilegal de un servicio público debe ser castigado con multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público de seis a dos años.
También se castiga con penas de ocho a doce meses de multa a aquellos que participen, aún sin ejercer un papel de liderazgo, en el abandono colectivo de un servicio público esencial y con grave perjuicio para éste o de la comunidad.
