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Cuando la libertad de expresión está por encima del poder político

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Madrid, SP, 5 de abril de 2013.- Ayer informábamos sobre la desestimación de la demanda interpuesta por nuestra Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, contra un ciudadano y trabajador entregado de Aena, Carlos Iglesias y este medio de comunicación. El archivo de las acusaciones como hechos que nunca se produjeron y la condena en costas a Librero otorga simbólica y físicamente el poder a la verdad y a los periodistas y ciudadanos libres que hacemos uso de ella.

El día 13 de marzo acudía por primera vez en mi vida a un juzgado como espectadora de un litigio. Mucho había oído hablar de la señora Librero antes de aquella fecha, sobre todo, por su «extraordinaria» gestión de la crisis de los controladores aéreos, que llegó hasta el límite de militarizar a un colectivo de trabajadores a golpe de decreto ley. Un hecho que el Gobierno vendió como un logro político cuando el telón de fondo es que aquellos dirigentes a los que habíamos votado los españoles en las urnas estaban sometiendo a un sector de trabajadores, cosa impensable en una democracia. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a los periodistas de un país militarizados? ¿Se imaginan poder dirigir la opinión pública al antojo de un puñado de poderosos?


Vivimos en un país democrático, con una Constitución como pilar fundamental de nuestra ley, que ampara los derechos fundamentales de cada ciudadano. Nuestra querida carta magna recoge en su artículo 20 la protección de los derechos para «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» […], «a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión»[…], derechos que «no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa».

Es importante recalcar este último punto, además de la libertad de expresión que se presupone en un sistema democrático y que los que nunca hemos vivido bajo los yugos de una dictadura ya tenemos interiorizada. Cuando leí la sentencia hubo una situación que me llamó especialmente la atención. Las demandantes solicitaban en su denuncia, además de 50.000 euros como indemnización por la vulneración de su honor y la publicación de la sentencia condenatoria en este mismo medio, la condena para que tras el dictamen de la juez este medio de comunicación y de libre información se abstuviera de «realizar actos semejantes».

Esta petición, que la juez calificó como «censura previa» y que por su inconstitucionalidad quedó desestimada, no me despierta otro pensamiento que no sea un intento del poder por acallar lo que un medio de comunicación «modesto», pero libre al fin y al cabo, tenga que decir de su gestión. ¿Acaso nuestros funcionarios creen que pueden acallar la verdad con acallar a un periodista?

Por otro lado, tal y como reza la sentencia de este juicio, aunque el derecho al honor está recogido en el artículo 18 de nuestra carta magna, «no existe un concepto en la Constitución ni en ninguna otra ley». No obstante, el Tribunal Constitucional lo define en la sentencia 219/92 como «el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal que se requiere para el libre desarrollo de la personalidad en la convivencia social, sin que pueda (su titular) ser escarnecido, ni humillado ante uno mismo o los demás. El honor es la buena reputación, la cual, como la fama y la honra, consiste en la opinión que las gentes tienen de una persona -buena o positiva- si no va acompañada de adjetivo alguno».

A tenor de estas sabias palabras del Tribunal Constitucional, en este caso particular, debemos estudiar los hechos. Sin querer proferir ninguna descalificación contra ninguna de las partes de este litigio, no vaya a sucederse una cascada de demandas y esto se convierta en un circo judicial, la dignidad personal y la reputación de las demandantes en el momento de la publicación del artículo ya había quedado menoscabada respecto de sus actuaciones con los trabajadores del sector aeronáutico.

Si bien las demandantes contaban con un apoyo incondicional en su círculo laboral, que ha llevado a Librero a ocupar la Secretaría General de Transportes tras su nefasta gestión en Navegación Aérea, que pasó desde una crisis nacional con los trabajadores que tenía bajo su cargo hasta la peligros sucesión de 47 cuasicolisiones en nuestro espacio aéreo sólo durante el año 2010; la opinión pública no contaminada ya empezaba a darse cuenta de sus excesos para con un colectivo, contra el que aún a día del juicio, 13 de marzo de 2013, segue afirmando que «se levantaron en masa de sus puestos de trabajo».

Volviendo a la generalidad, existe cierto peligro cuando un sistema pretende dirigir la opinión pública, puesto que esto no denota otra cosa que la creencia de que se tiene un poder sobre la masa y la sensación de que hay información delicada que el sistema debe proteger porque es perniciosa para los intereses de esa misma masa. No olviden, señores, que aunque sea sobre el papel la Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad y que esa sociedad puede revolverse en cualquier momento para reclamar lo que es suyo. No conviene pretender militarizar a un sector que puede ponerlos en jaque sin utilizar otra cosa que la verdad. Los periodistas, como los ciudadanos, tenemos el deber de denunciar los actos que ponen en peligro nuestra democracia y eso es lo que seguiremos haciendo cada día, con una demanda sobre la mesa o con un militar tras nuestra espalda.

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