Imputan homicidio imprudente por las seis muertes del helicóptero

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Con una moderada satisfacción fue recibida ayer por los familiares de las víctimas del accidente de helicóptero en 2006 la imputación de seis directivos de Inaer (ex Helicsa) por delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio por imprudencia grave. Citados para declarar en abril próximo, el hecho de que avance la investigación judicial constituye una de «las primeras buenas noticias después de cinco años», según Carlos Torres, cuñado de uno de los seis fallecidos, Antonio Ruiz-Lacasa. (ABC)

Las seis personas llamadas a declarar son Luis Miñano López, presidente ejecutivo de Inaer; Jorge Díaz, consejero delegado; José Luis López Gómez, director técnico; José Navarro Pino, director técnico de Hispacopter (empresa perteneciente a Inaer que se encargaba del mantenimiento de este helicóptero); Juan Fontanals, director de operaciones; y Félix Dorado, jefe de mantenimiento.

El 8 de junio de 2006, un Sikorsky operado por Helicsa (empresa adquirida posteriormente por Inaer), se estrelló contra el mar en la costa de Tenerife. El helicóptero, que había estado cubriendo la ruta de pasajeros Ceuta-Málaga, llevaba días dando avisos de fallo en la presión de las palas, pese a lo cual responsables de la compañía «decidieron ignorar lo establecido por los manuales del fabricante para dichos casos, esto es, proceder a sustituir la pala inmediatamente», según informó el sindicato de pilotos, Sepla, ayer en un comunicado. En su lugar, la empresa «ordenó a la tripulación continuar los vuelos y subsanar el fallo como pudieran». En el momento del accidente, la aeronave se dirigía a una base para la sustitución de la pala, pero era demasiado tarde.

El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes (Ciaiac), publicado tras cuatro años, apunta a deficiencias en el mantenimiento como causa principal del siniestro, aunque no evalúa la responsabilidad de la compañía en dichas deficiencias. El informe no es del todo del gusto de los familiares, ya que si bien deja claro que la causa del accidente es la rotura de la pala, soslaya el hecho de que doce días antes del accidente el vehículo fue objeto de una reparación en Jerez que califican de «chapuza». La comisión habla de «procedimiento alternativo», frente a lo que Torres ve como una grave imprudencia.

Por otra parte, insisten en que ante la avería que se detectó el día del accidente, el manual de la aeronave recomienda el aterrizaje inmediato, mientras que la empresa estiraba hasta dos horas el límite de vuelo. Ese protocolo, plasmado en una «lista de emergencias», no solo contaba como una instrucción de la empresa, sino que había sido redactado con el consentimiento de Aviación Civil, por lo que no se descarta que la batalla legal llegue a tocar también al propio Ministerio de Fomento.

Luis Rodríguez Gil, ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil, «tendrá que pasar por los juzgados», según la estimación de los familiares, por ser el máximo responsable de la seguridad aérea en ese momento.

Aterrizar en Los Rodeos

«Tendría que haber aterrizado en Los Rodeos» (Tenerife), afirma sin dudar Torres, que está convencido de que esa medida, y no la de estirar el vuelo hasta Gran Canaria, podría haber evitado el accidente.

En su auto de imputación, la juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Santa Cruz de Tenerife ha requerido «nuevamente» a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y a la propia Ciaiac que aporten la documentación solicitada en noviembre por el juzgado para completar la instrucción, y que afecta a manuales, alegaciones y documentación general clave para desentrañar las causas de este accidente. El Sepla acogió con satisfacción la decisión de la juez de imputar a los responsables de Inaer, toda vez que «son ellos los responsables directos del deficiente mantenimiento que se aplicó a la aeronave a pesar de los reiterados avisos del fallo en las palas».

El Sepla, como los familiares, también insistió en las diferencias entre los manuales de mantenimiento del fabricante y el operador, algo que no está constatado en el informe final de la Ciaiac. «Esta diferencia -la que media entre aterrizar de inmediato o seguir volando hasta dos horas- pudo provocar que la tripulación no tuviera conciencia de la emergencia real de la situación», apuntaron fuentes del sindicato.

Al mismo tiempo, el Sepla se lamenta por «la escasa colaboración que muestra» la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil para ayudar a la investigación judicial, «tal y como constata el auto» de imputación de la juez. «La Ciaiac y la AESA han estado poniendo trabas a la investigación, negándose a aportar a la juez documentos clave que revelan la negligencia con la que actuaron responsables de la empresa Inaer», denunciaron ayer en el comunicado entregado a los medios.

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