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abril, sábado 20, 2024

Paralizado el proceso de privatización de las torres de control

La proposición no de ley presentada en el Congreso ha sido bien recibida por el PSOE

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Florencia Amat / Aviación Digital, Sp. – El 7 de marzo tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acerca de la privatización de las torres. El grupo parlamentario mixto compuesto por Bildu, Esquerra Republicana y BNG presentó una proposición no de ley instando al PSOE a paralizar y retirar la orden ministerial del mes pasado que atribuía la gestión de siete torres de control aeroportuarias a entidades privadas. Ahora, el Gobierno y el grupo parlamentario han llegado a un acuerdo para frenar -de momento- dicha orden.

En la Comisión de Transportes, el grupo mixto argumentó las razones por las que la liberalización de las siete torres de control (Palma de Mallorca, Santiago, Bilbao, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur) no cuenta con fundamentos económicos, de eficiencia ni de seguridad. Los integrantes apuntan además que si esta orden ministerial siguiese adelante «se producirían unos cambios sin precedentes en el orden operativo existente».

«Los aeropuertos que se propone liberalizar, en su servicio de control, son de alta complejidad operativa, abocando esta decisión a una situación de riesgo de deterioro de los servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo respecto al servicio actual prestado a través del personal de Enaire, cuyas prestaciones actuales cuentan con estándares de calidad reconocidos reiteradamente por los distintos organismos estatales e internacionales», podemos leer en la exposición de motivos de la proposición no de ley.

Se pone también de manifiesto la complejidad operativa que supondría la privatización de estas torres, las cuales controlan el tráfico de aeropuertos de mucha afluencia y claves para el sector. El control de aproximación y el control de aeródromo se realizarían por separado, lo cual no contribuye a la viabilidad ni a la seguridad de las operaciones. La optimización del tiempo actualmente se consigue con la presencia de controladores habilitados para ambas funciones y que actúen en conjunto y armonía.

Tampoco supondría un ahorro para los usuarios ni para la administración pública, aseguran, ya que la variación de las tasas sería mínima – tasas que ya son de las más bajas de Europa. Afirman que habría que seguir el ejemplo europeo, donde los gestores privados solo actúan en torres de aeropuertos de poco tráfico o de menor tamaño a las propuestas a liberalizar en España. Uno de los diputados también cree que, al privatizar las torres, estaremos concediendo «una cesión de la soberanía nacional sobre el control de nuestro espacio aéreo«, dejando en manos de lo que «debería ser de gestión pública» a capital extranjero.

En la sesión también se alude a las condiciones de los trabajadores de las torres, las cuales no se verán favorecidas en el caso de que la orden ministerial siga su curso. De hecho, los controladores aéreos de las torres ya privatizadas han convocado una huelga que se traduce en paros en horas y fechas señaladas de este mes. Las razones, entre otras, son «la fatiga de la plantilla» y «los recortes constantes de derechos», lo cual dificulta en exceso su labor.

Enmienda transaccional

Así pues, el Gobierno socialista ha creado una enmienda transaccional a partir de esta proposición no de ley por parte de Bildu, ERC y BNG. La misma ha salido adelante con los votos a favor de estos cuatro partidos, sumados a Unidas Podemos, PNV y Foro Asturias. Ciudadanos y PP, por su parte, se han abstenido de votar; y VOX votó en contra.

La privatización, que se veía con buenos ojos desde Aena, no es tan aceptada desde los sindicatos de controladores aéreos o el propio gestor público Enaire. El Gobierno había dado 18 meses de margen a Aena para comenzar la licitación de los contratos que liberalizarían el control de estas siete torres, siendo FerroNATS y Saerco las dos principales postoras. Ahora, se «procederá a la revisión» de esta orden ministerial que podría cambiar lo decidido el pasado 9 de febrero.

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