Palma de Mallorca, SP.- Dice el saber popular que la Justicia cuando es lenta deja de ser «justa». «Pena de banquillo…» lo llaman. Hoy comienza el Juicio contra 82 controladores en Palma de Mallorca, donde se les acusa de abandono de servicio público, sedición y coacciones. En Madrid todavía no hay fecha, aunque en ese caso la sedición parece ser ya ha desaparecido de las pretensiones de la Fiscalía. Hoy a partir de las 09:45 se pone en marcha la maquinaria judicial en la Sección Primera de Audiencia Provincial de Palma.
De los acusados en las Islas Baleares, hay 74 que se habrían avenido a declarar su culpabilidad en el delito de abandono del servicio, y a abonar unas indemnizaciones a los afectados y como contrapartida una rebaja de las peticiones de la Fiscalía y acusaciones particulares. Se trata del Acuerdo de Conformidad con la imputación por el cierre del espacio aéreo del 3D2010. Ningún responsable de la Administración se sentará en el banquillo, aunque en el Juicio Oral se les citará como testigos evidentemente.
Por su parte 7 controladores no están dispuestos a admitir delito alguno y seguirán con el proceso, algo que evidentemente no es lo que pretende la Fiscalía, que de alcanzarse un Acuerdo con la totalidad vería «solucionado» judicialmente todo este asunto. Pero hay controladores que piensan que no es tan sencillo como simplemente pagar una indemnización que no consideran que administre Justicia.
En Madrid, aún sin fecha, son 14 los controladores que a día de hoy no han rubricado ese Acuerdo de Conformidad y reconocimiento por tanto de delito alguno. Entre Palma, cuyo juicio comienza hoy, y Madrid, sin fecha, aproximadamente un 10% se mantienen firmes en su convicción de inocencia.
USCA, el sindicato mayoritario de controladores aéreos, pero no el único, puesto que SPICA sigue poco a poco su lenta senda de crecimiento continuado, ya habría pagado 15 millones de euros a los perjudicados tanto en Madrid como en Palma, con la intención de que se retiren las acusaciones particulares, dándose por satisfechos.
Fiscalía de Palma
En Palma el Juez instructor ha apreciado suficientes indicios como para entender que varios representantes sindicales habrían concertado con los controladores de forma conjunta y coordinada mediante las asambleas en Palma, Ibiza y Menorca, paralizar el tráfico aéreo. También creen que existe la simulación de incapacidad psicofísica, algo que recoge el Auto de Apertura. Se les acusa de simular incapacidad por estrés y ansiedad para simular el impedimento para ejercer sus funciones, y en algunos casos señalan no se presentaron, por este motivo, al servicio y en otros casos no fueron localizados. Esto refiriéndose al 3 de diciembre de 2010. Hasta que el 4 de diciembre no se decretó el Estado de Alarma por el Gobierno, se señala, no se normalizó la situación.
La Fiscalía ejerce junto con cuatro grupos distintos de afectados la acusación, así como la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) que ejercen de acusación particular, según Agencias de noticias.
El grado de participación va desde la cooperación necesaria en algunos casos hasta la comisión de esos delitos directamente. El grado varía. También se solicitará el archivo en dos de estos casos.
2 años de suspensión por abandono de funciones y 36.000 euros es la solicitud de pena, en el caso de que prospere la acusación por sedición (una imputación que en Madrid parece ser se estaría o habría ya desestimado) la petición de 4 años de prisión e inhabilitación durante el período de condena.
Las indemnizaciones totales supondrían según lo solicitado más de 100.000 euros para cada uno de los acusados.
Contradicciones y galimatías jurídicos
Fuentes jurídicas consultadas señalan que todas las posibilidades están totalmente abiertas. Puede darse el caso de que los controladores no firmantes resulten finalmente absueltos de todos los cargos, o sean condenados a alguno de ellos, mientras que sus compañeros firmantes del Acuerdo de Conformidad ya han reconocido su culpabilidad en esos mismos hechos.
Se da también la circunstancia de que según algunas fuentes la Fiscalía podría haber ofrecido un acuerdo para 3 de los 7 controladores que no se han acogido al Acuerdo, declarando la culpabilidad de alguno y absolviendo a los demás. Maniobras de última hora con el intento de que el Juicio no se celebre. Hasta el último momento, eso sí, todos ellos, pueden decantarse por una u otra opción.
También pueden resultar absueltos en Palma y condenados en Madrid, y finalmente condenados en ambos juicios, aunque con distinta calificación de los hechos.
Evidentemente la máxima preocupación por parte de la empresa hubiera sido el que ninguno se hubiera avenido al Acuerdo de Conformidad, y estos más de 200 controladores hubieran sido condenados a pena de prisión, por ejemplo, lo que evidentemente sería una situación más que complicada para la prestación del servicio. El Acuerdo de Conformidad del 90% de estos que USCA ha promovido, desactiva esta afectación al servicio que podría haberse producido. Lo que queda por ver es si con ello, con dicho Acuerdo de Conformidad o de «Reconocimiento de Culpabilidad», se contribuye o no a la Justicia sobre lo sucedido o no.
Más de 20 controladores consideran que dicho Acuerdo no es de Justicia, sobre un total de más de 200, y ahora comienza la cuenta atrás para que les permitan demostrarlo… La Verdad y la Justicia en este caso no parece que vayan precisamente de la mano.
