Madrid, SP.- Desde el pasado 12 de marzo las principales organizaciones de Aviación No Comercial en España, Real Aeroclub de España, AEPAL (Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras) y AOPA Spain (Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves de España), para que AESA tomara medidas de mitigación por las consecuencias que el COVID-19 va a tener en la Aviación General en España. Tras la respuesta de AESA, estas tres organizaciones se han dirigido al Defensor del Pueblo.
El problema es la caducidad de licencias, habilitaciones y certificados, que no pueden revalidarse por las limitaciones del Estado de Alarma, lo que coloca a España en desventaja, con el resto de países que sí han establecido exenciones adicionales. 5.000 empleos están en juego, aprecian los denunciantes, cuando esta situación excepcional pase. Y ese es el motivo de su indignación actual.
Se da la paradoja, por ejemplo, que señalan al Defensor del Pueblo, que cuando pase la actual situación, señalan, «Un español con licencia portuguesa podrá volar en España (en base a la prórroga establecida por Portugal), mientras que un español con licencia española no podrá volar».
Un español con licencia portuguesa podrá volar en España (en base a la prórroga establecida por Portugal), mientras que un español con licencia española no podrá volar
Respecto a la formación por ejemplo, en base al Reglamento UE 1178/2011, se mantiene en otros países, no en España, por sistemas de videoconferencia. O el caso de escuelas radicadas en España con autorizaciones de otros países que pueden mantener su formación por esos sistemas, mientras que las escuelas españolas han de interrumpir su formación. Esto, concluyen vicia la competencia, situando en una posición de debilidad a las escuelas españolas frente a las del resto de la UE.
Es por ello que solicitan al Defensor del Puebo para que defienda los intereses de la aviación no comercial con medidas que minimicen el efecto del COVID-19.
En carta a la directora de AESA, Isabel Maestre el pasado 31 de marzo, se explica la situación. Carta con copia al DGAC, Raúl Medina y a la Secretaria General de Transportes, Mª José Rallo, que reproducimos:
A continuación reproducimos la queja de estas tres organizaciones ante el Defensor del Pueblo:
