Directivos de Spanair, imputados por robar la cobertura de pérdida de licencia a pilotos y copilotos

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Por cierto, y la Generalitat ¿qué dice?. Eso de la apropiación indebida es una forma eufenística de llamar al robar. Según el diario El País, en su edición de hoy, Soriano y Gaspar, entre otros directivos de la extinta Spanair, deberán declarar sobre el incumplimiento a la hora de abonar las primas de seguro que daban cobertura de pérdida de licencia a pilotos y copilotos. Se trata de una imputación de una gravedad tal, con incluso implicaciones fiscales, amén de que pueda estar calificado de estafa, que veremos en qué quedan estas imputaciones sobre esta inexistente cobertura en la aseguradora Mapfre durante meses.

Según El País publica, por boca de su periodista Jesús García:

Los miembros del consejo de administración de Spanair tendrán que declarar como imputados por un presunto delito de apropiación indebida. La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona investiga una querella presentada por un grupo de unos 300 pilotos y copilotos contra los máximos responsables de la aerolínea, que se encuentra en concurso de acreedores. Los pilotos consideran que Spanair dejó de abonar el importe un seguro que les da cobertura en caso de perder la licencia.

Entre los citados a declarar están el expresidente de la aerolínea, Ferran Soriano; Josep Mateu, director general del RACC; el hotelero y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart; Jordi Rafael Bagó, del Grupo Sehrs, Agustí Cordón, director general de Fira Barcelona y Manuel Albanell, de Catalana d'Iniciatives.

El seguro está contratado desde el año 2000. Spanair abonaba la mayor parte de la póliza, mientras que otra más pequeña se retenía a los pilotos de su nómina. Desde mediados de 2011 y durante seis meses, la aerolínea dejó de pagar el importe correspondiente a la aseguradora Mapfre, que asciende en total a poco menos de 300.000 euros.

Las defensas de los imputados alegan que la situación financiera de la compañía era ya muy complicada -adeuda más de 500 millones de euros- y alegan que este tipo de reclamaciones no deben ejercerse nunca por la vía penal, sino que deben tramitarse como un impago.Los abogados interpusieron recursos contra los autos de imputación dictados por la juez, que fueron rechazados. En las últimas semanas, las partes han intentado, sin éxito, alcanzar un acuerdo para retirar la querella.

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