AESA ha tramitado un expediente, con una sanción por falta grave al Aeroclub de Menorca, San Luís, por la realización de vuelos de vigilancia de incendios entre los años 2005-2008, por personal no habilitado para trabajos aero-forestales. El Consell Insular, ni corto ni perezoso, por boca de un político local llamado Pons, no sólo ha cuestionado dicha sanción, sino que ahora, con el dinero del contribuyente avalará ésta con una subvención de 140.000 euros. Mientras el PP local se hace el sueco, y el flagrante caso de intrusismo, además de toda una serie de aspectos técnicos, denunciado por AECTA (la asociación de las compañías de trabajos aéreos), cuenta con el argumento del tal Pons de tratarse de "trabajos altruistas".
El Consell Insular y el Aeroclub de Mahón han hallado una fórmula satisfactoria para lograr el aval bancario que el club necesita para paralizar la ejecución de la multa y recurrirla ante los tribunales.
Paradójicamente, serán los mismos vuelos para la prevención de incendios que le enfrentaron a una sanción de 135.000 euros los que ahora le permitirán intentar esquivarla por la vía judicial. Un nuevo convenio antiincendios a razón de 14.000 euros anuales durante 10 años será la garantía económica para lograr el aval de una entidad bancaria, lo que paralelamente obligará al club a solicitar la licencia que supuestamente le faltaba para llevar a cabo este servicio y que el Ministerio de Fomento ya se ha comprometido a conceder.
Una rocambolesca operación a diversos niveles que ha sido entendida por el presidente de la entidad, José Luis Barrero, como «la única salida» para no tener que hacer frente a una sanción que consideró «intolerable». La asamblea de socios del club reunida ayer decidió de forma unánime, y con la oferta del Consell sobre la mesa, acudir a los tribunales, dando ya por supuesto que el arreglo económico a 10 años vista con el máximo órgano insular será credencial suficiente para obtener el favor bancario.
Según el asesoramiento jurídico que los responsables del Aeroclub han recibido desde que conocieran la sanción impuesta por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el contencioso que interpondrán ante el juez (deberá formalizarse antes del próximo 30 de octubre) tiene serias posibilidades de prosperar. Barrero explicó que existen dos aspectos favorables, uno de forma, que remite a «algunos incumplimientos en el procedimiento del expediente» y otro de fondo, que, según defendió, tiene que ver con el desempeño «altruista» de las labores de vigilancia, ya que el dinero recibido a través del anterior convenio «era para solventar el gran deterioro de la infraestructura».
En este sentido, Barrero aseguró que «no estoy dispuesto a asumir que lo hemos hecho mal», un extremo compartido por el Consell Insular, cuyo presidente, Marc Pons, defendió que «desde esta institución siempre hemos estado del lado del Aeroclub y entendemos que debe acabar ganando el litigio».
Por su arte, la consellera de Cooperació Local, Susanna Gomila, quien ha llevado el peso de las infructuosas negociaciones con Fomento, volvió a ofrecer el asesoramiento jurídico del Consell de cara al contencioso, aunque el Aeroclub contará para su defensa con Antonio Jiménez Blanco, un prestigioso catedrático de Derecho Administrativo que ha accedido gracias a la intermediación del general Luis Alejandre"
Esto es ya de opereta y reírse en las barbas de todos los ciudadanos.
La AECTA va a redactar un escrito para enviar a la Directora de AESA, y además tiene la intención de que el resto de compañías de trabajos aéreos se adhieran.
