Madrid, SP, 26 de mayo de 2016.– El golpe ha sido tan duro para uno de los eslabones de la seguridad aérea, la Comisión que debe investigar accidentes e incidentes aéreos, que pasan las horas y los profesionales, los más directamente implicados quizás por no hablar de los familiares de las víctimas, no han reaccionado aún. ¿O dan por buena la propuesta de nombramiento de un ex-directivo de la industria aérea?, que mediante su voto de calidad, deberá dar el visto bueno a los Informes Técnicos de los incidentes que se produzcan en nuestro país. Incluídos aquellos en los que se pudiera ver involucrada una aeronave del fabricante Airbus, cuya dirección en España ha ostentado el ingeniero propuesto por la Ministra de Fomento EN FUNCIONES, a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en lugar de a la Comisión de Fomento del Congreso. Lo inaudito de la propuesta es que de prosperar la presidencia estaría en el cargo nada menos que durante 6 años. No vamos a entrar en la valoración del perfil del candidato propuesto, de momento, pese a que una vez más son los ingenieros aeronáuticos, y no otros profesionales con experiencia aérea operativa, los que ocupan este cargo. Pero sí en la posiblidad de que estuviéramos ante el supuesto de incompatibilidad por el pequeño detalle de la indudable vinculación laboral durante 40 años, con el fabricante de aviones y helicópteros, el Grupo Airbus, del que fue director general en España entre otros cargos directivos hasta 2010. Ese alguien es el mismo que tiene que dirimir tecnicamente tambien los Informes Técnicos de cada incidente o accidente de esta marca de aviones y helicópteros en nuestro país. ¿Se inhibirá cada vez que haya un incidente o accidente en España al tratarse del fabricante para el que trabajó DURANTE CUATRO DECADAS? Esto según la propia Ley no es posible. Pero además el procedimiento y el momento elegido para proponer a la Diputación Permanente ha hecho que salten todas las alarmas WARNINGS, sobre la legalidad y corrección formal de la misma (¿intentarán que la Abogacía del Estado le aporte una pátena de legalidad?). Esto si cabe tiene aún más calado, y hace que se extienda de nuevo y desde el primer momento la duda al respecto de posibles y oscuras motivaciones. En este sentido son los partidos políticos los que deben dar o no el visto bueno a algo en principio, juridicamente mal hecho desde su origen.
Una primera cuestión que surge es si la Diputación Permanente tiene potestad para ratificar el nombramiento. Con el agravante de que el próximo Gobierno deberá «tragárselo» en el caso de hacerlo, durante los próximos 6 años.
El BOE del 5 de marzo de 2011 publicaba en el Capítulo II de la Ley 1/2011 que recoge el Programa Estatal de Seguridad Operacional, en su punto 2:
«El Ministro de Fomento con carácter previo a su designación, pondrá en conocimiento de la Comisión competente del Congreso de los Diputados (se refiere a la Comisión de Fomento) el nombre de las personas propuestas como presidente y vocales de la Comisión de Investigación de Accidentes e incidentes de Aviación Civil, dando traslado su currículo.
Dentro del plazo de un mes, desde la recepción de la correspondiente comunicación, la Comisión competente del Congreso de los Diputados manifestará su aceptación de la persona propuesta como presidente o su veto razonado«
«Tambien la Comisión podrá acordar la comparecencia del candidato propuesto para presidente para dar cuenta de las líneas básicas de su actuación a desarrollar por la CIAIAC durante su mandato«
Además existe la posibiidad de consolidarse la propuesta de nombramiento, según la Ley, en el caso de no manifestarse expresamente el Congreso.
La propuesta no se ha hecho a la Comisión competente, por lo tanto, resulta evidente que se puede vetar razonadamente dicha propuesta de nombramiento por la Diputación Permanente, puesto que ésta no es competente puesto que, valga la redundancia, no es la Comisión «competente». Y esto está en manos de los grupos políticos que componen la Diputación Permanente. De ellos dependerá dar el visto bueno o no a la propuesta de nombramiento que nos ocupa.
En el caso de ratificar la propuesta muy probablemente sea la primera vez en Democracia que se aprueba un nombramiento de este calado en el período transitorio por parte de la Diputación Permanente. La lógica de que sea la Comisión competente es que teoricamente en la Comisión de Fomento estarían los representantes más «expertos» en la materia aeronáutica como para valorar la idoneidad de la persona propuesta para un cargo de semejante calado. Si se parte de la base de que podría haber algún tipo de incompatibilidad y la CIAIAC se cuestiona de forma permanente por los profesionales del sector por la ínfima calidad de sus Informes Técnicos, atreviéndose incluso a no realizar ninguna Recomendación de Seguridad, imagínense la importancia que tiene la idoneidad y la necesidad imperiosa de compatiibilidad absoluta para el cargo del propuesto.
Esas Recomendaciones de Seguridad, son la esencia, o por así decirlo, la razón de ser del análisis de un incidente o accidente para cumplir con la finalidad última de la CIAIAC como es evitarlos en el futuro. Si quien la preside no es garante absoluto de ser la persona más idónea y compatible con el cargo, evidentemente, de nuevo nos encontramos con que la CIAIAC se convierte en amenaza para la seguridad, en lugar de un «remedio» garante de ésta. Esto lo señalan distintos informes en los últimos años de organizaciones profesionales. Eso es lo que nos jugamos. Nada más y nada menos. La responsabilidad hoy está en la Diputación Permanente, y de todos y cada uno de los partidos que la componen.
El 4 de abril de 2015 publicábamos en este medio un artículo sobre las supuestas incompatibilidades de un vocal de la CIAIAC y titulábamos «La asignatura pendiente de Pastor, desautoriza y desacredita a la propia Ministra«. Léanlo detenidamente, y juzguen Vds. lo anteriormente dicho sean o no miembros de la Diputación Permanente… En cualquier caso con la propuesta que ha hecho la Ministra en funciones, evidentemente ella no leyó éste artículo puesto que la responsabilidad es suya.
Tanto la senadora María del Mar Julios, como Narvay Quintero se interesaron entonces por las supuestas incompatilidades. Según la respuesta del Gobierno entonces la incompatibilidad contraviene la independencia de un vocal. En el caso del cargo del presidente el voto de calidad evidencia que aún se requiere en mayor grado y fuera de toda duda.
