El Tribunal Supremo concluyó que la Audiencia Nacional era la competente para investigar a Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual en el tipo de delitos fiscales en concepto de fraude y apropiación indebida de 108 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según queda establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este importe era para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas y asumir su gestión y control después que fuera transferida por la SEPI y por el precio simbólico de un Euro. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó así la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y otorgó la investigación al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. ¿Pero qué ha sucedido desde aquel Auto hasta la fecha? .
Pues sencillamente, que la figura tanto de Gerardo Díaz como de Gonzalo Pascual, ya no tiene la relevancia política que tenía en ese momento con una total repercusión en la negociación del Mercado Laboral, además de considerar que la cantidad defraudada por Díaz Ferrán y Pascual "podía tener una grave repercusión en la economía nacional, y en la seguridad del tráfico mercantil" que, además, "afectaba a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia", lo que era "suficiente concurrencia" para reconocer la competencia de la Audiencia Nacional.
Entonces ¿qué ocurre para que se haya enfriado este tema por entonces tan candente y ahora no sea de interés el que se siga indagando sobre otros delitos parejos a los anteriores? El Supremo afirmó por aquel entonces que "no cabía duda de la complejidad del asunto", no solo por la implicación de diversas personas físicas y varias empresas, sino también por la existencia de dos concursos de acreedores que se tramitaban tanto en Argentina (AEROLÍNEAS ARGENTINAS) como en España(AIR COMET, MARSANS,.). En diciembre de 2009, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechazó su competencia para asumir la querella presentada contra los antiguos propietarios de Air COMET por los interventores judiciales que tramitaban la suspensión de pagos declarada de Aerolíneas Argentinas.
En 2003, Anticorrupción comenzó a investigar la actuación de Air COMET, propiedad de la empresa turística MARSANS, en el concurso de acreedores declarado por Aerolíneas Argentinas, tras el proceso de compra, cerrado en octubre de 2001, por el consorcio formado por Air COMET, la SEPI, SPANAIR y la sociedad AirPLUS, presuntamente fondos desviados a la participación de la empresa para el Leasing de Aviones con sede en Irlanda denominada ASTRA. Air COMET habría hecho entonces figurar a su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento, según la denuncia que presentaron los interventores judiciales. Así, los directivos de Air COMET fueron imputados por utilizar presuntamente los 209,5 millones de euros aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y por dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air COMET y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa, con esta operación, Air COMET y la sociedad Royal Romana Playa –supuestamente vinculada a Antonio Mata, también imputado- habrían adquirido el 90% de las deudas presentadas al concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas de diciembre de 2002-, con la finalidad de controlar la mayoría de los derechos de voto en este concurso.
El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid rechazó la oposición al embargo de bienes por valor de 37,6 millones de euros impuesto a Gerardo Díaz Ferrán, a Gonzalo Pascual y a otras tres personas en agosto de 2010 para cubrir las deudas contraídas por Air Comet, en Auto dictado en Enero de 2011, el mantenimiento del embargo afectó también a la sociedad Inversiones Grudisan, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán y su familia, que fue vendida junto a Viajes Marsans a la sociedad Posibilitum, así como al hijo del ex -presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Santamaría, al hijo de Pascual, Ignacio Pascual de la Riva, y al antiguo director general de la aerolínea, José María Llodrá. El juez recuerda que la insolvencia de Air Comet se produjo por las deudas contraídas por la aerolínea con la Tesorería General de la Seguridad Social, que sumaban 7,3 millones de euros en febrero de 2009, a las que se sumaron los impagos de los salarios de los trabajadores y de los ingresos correspondientes a las retenciones del IRPF. Además, el juez mantuvo la medida cautelar de embargo al considerar que existía un "riesgo potencial" a la desaparición de los bienes, ya que ha resultado "prácticamente infructuoso" hacer efectivo el embargo. En concreto, el juez acusó al hijo de Díaz Ferrán de haber transmitido sus bienes inmuebles a favor de sociedades terceras "para dificultar su efectividad". El juez consideró que Air COMET ya estaba en situación de quiebra casi dos años antes de declararse en concurso de acreedores en diciembre de 2009, por lo que el embargo de aviones por un crédito impagado a la entidad alemana Nord Bank que a su vez procedía dela la Compañía de leasing de aviones ASTRA y la prohibición de seguir vendiendo billetes por parte de la IATA no fue la causa de la quiebra. El juez desestimó así las alegaciones presentadas por los embargados y consideró que su actuación previa a la declaración del concurso "justificaba un evidente riesgo de descapitalización" ante la que tendrían que "responder".
En este sentido, el juez añadió que su gestión provocó que al desbalance total próximo a los 238 millones de euros "se uniera un incremento del pasivo de 46 millones", durante el periodo intermedio entre la aparición de los hechos reveladores de la insolvencia y la presentación del concurso de acreedores. En ese intervalo de tiempo, se fundó ASTRA, como empresa para el leasing de aviones con capital procedente de varios trasvases de fondos, de manera que no fuera posible su clara determinación de su procedencia y que no haya sido afectada por el concurso de acreedores. En definitiva, después de todo este tiempo, el verdadero culpable de llegar a esta situación, Ignacio Pascual de la Riva, ha quedado impune y los empleados sin poder resarcir sus salarios impagados, así se explica cómo está la situación económica empresarial a nivel Nacional. , con ésta clase de "Empresarios".
Vanessa Santidrían
