La aseguradora del avión de LaMia declina pagar la póliza de los pasajeros

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La Paz, BOL.- Bisa Seguros y Reaseguros con la que la compañía LaMia tenía suscrita una póliza para asegurar la vida de los pasajeros del Avro RJ85 vuelo LMI2933, el 28 de noviembre de 2016, que cubría la ruta del Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Bolivia al José María Córdoba en Colombia, en el que perecieron 71 personas y 6 resultaron gravemente heridas, declinaba ayer a pagar la póliza basándose en tres aspectos, por boca de Alejandro MacLean:

-El seguro contratado por la compañía EXCLUIA COLOMBIA, aún no siendo esta exclusión definitiva, ya que la empresa o piloto podrían haber levantado esta restricción para realizar este vuelo, algo que no se hizo.

-Fue el piloto el que con sus decisiones puso en riesgo el vuelo e incumplió la normativa internacional. Según el responsable de Bisa, le consta que según Informes Preliminares de OACI, así como el CVR, que les hacen sostener que “el comandante de este vuelo incumplió la normativa internacional de navegación aérea”.

-LaMia tenía un retraso en el pago de la prima de la póliza.

MacLean señalaba que pese a estar vigente la póliza las condiciones para la cobertura se incumplieron, señalando la “absoluta responsabilidad de LaMia y su piloto, que falleció en el accidente, respecto a cumplir las condiciones de dicha póliza.

A pesar de ello, y ante la falta de cobertura para los pasajeros, Bisa creó un fondo de ayuda a las víctimas que administra el bufete de abogados londinense Clyde&Company. Desconocemos cuantía alguna al respecto.

Mientras la póliza de los 7 tripulantes, 2 pilotos y TCPs/TMA del vuelo sí está siendo cubierto por la reasegurada Lloyds que algunas fuentes han cifrado entorno a 150.000$. También han sido cubiertos los gastos médicos de los supervivientes.

La versión de la DGAC de Bolivia

En la rueda de prensa celebrada ayer en La Paz, los responsables de la DGAC boliviana contradijeron al Ministro de Obras Públicas que había señalado la semana pasada que LaMia tenía vigentes las pólizas de seguros.

El director de la DGAC de Bolivia, Eduardo Vargas, responsabilizó tanto a la aseguradora como a la compañía aérea ya que ninguna cumplió con la obligación de comunicar a la Autoridad los incumplimientos, por lo que la DGAC no pudo asumir medidas para evitar el despegue del vuelo.

Además Vargas señaló que los documentos de la póliza de LaMia estaban vigentes y que en ningún momento la aseguradora habría comunicado el incumplimiento o mora en el pago de las primas con lo cual no podían actuar.

“Cuando se ha hecho la certificación, todo estaba en orden. Este proceso ya de coordinación entre la empresa de seguros y el operador son cosas que no competen a la DGAC. Tenemos antecedentes de que sí ha habido incumplimiento de seguro en otras empresas, pero la empresa de seguro nos notifica y en ese momento se suspende la operación” dijo el director de la DGAC. “Es entonces a instancia de interés de la aseguradora y del operador notificar a la instancia DGAC que puede cortar el permiso de operaciones. Ese es el procedimiento que se hace normalmente”. “Nadie nos notificó, nadie”.

El seguro de cobertura de la compañía según la DGAC estaba en vigor hasta el 10 de abril de 2017. El responsable de la Autoridad boliviana zanja la cuestión eludiendo cualquier responsabilidad oficial al decir que “En ningún momento ha habido negligencia en el procedimiento de certificación y aplicación en lo que significa la DGAC y responsabilidades que vengan a dar a consecuencia tanto a la dirección como al Estado”

La compañía dice que pagará las indemnizaciones, pero no da cifras

El fondo global va a llegar a lo que sea necesario para responder a las necesidades de las víctimas en el marco que establece las normas internacionales en el mundo entero sobre todo en el acuerdo de Montreal. El establecimiento del fondo, primero responde a una decisión que ha tomado Bisa y sus aseguradores, ahí quiero destacar la calidad del reasegurador líder de esta operación. No es un fondo de caridad”, sostuvo.

MacLean no refirió el monto económico con el que se constituyó el fondo, al indicar que está limitado por un fondo de confidencialidad con el reasegurador, los abogados que ven el tema.

Agregó que otra póliza se activó, la de accidentes personales para la tripulación que está destinada a indemnizar a los familiares de los tripulantes fallecidos, además de la cobertura de gastos médicos de los sobrevivientes.

“En ambos casos, ya se ha procedido con pagos indemnizatorios a cinco familias de los siete tripulantes y ya se ha cubierto la totalidad de los gastos médicos incurridos por los dos tripulantes sobrevivientes”, señaló.

Sobre la existencia de una tercera póliza, MacLean dijo que “esa póliza es simplemente para cumplir la obligación impositiva en caso de que el avión hubiese sido nacionalizado. Obviamente, la normativa aduanera es clara en sentido de que el bien ha estado fuera de Bolivia y ha sido destruido. Entonces no corresponde ejecutar dicha póliza”, manifestó.

Respecto, al monto de la póliza de responsabilidad civil que contrató LaMia, el Vicepresidente de Seguros dijo que fue emitida por 25 millones de dólares y la de accidentes personales tenía cobertura para el fallecimiento de tripulantes. “Por fallecimiento 150 mil dólares y por gastos médicos 25 mil dólares. Son dos pólizas separadas, la tercera no tiene nada que ver con nadie”.

Opinión legal experta

Por su parte un experto abogado especialista en aviación, Omar Durán Rojas, señala que Bisa Seguros y Reaseguros sí tenía la responsabilidad de informar a la DGAC sobre irregularidades existentes respecto al pago de la póliza contratada.

El artículo 178 de la Ley 2902 de Aeronáutica Civil de Bolivia señala específicamente que “La existencia de los seguros y las fechas de vencimiento de las pólizas respectivas, se harán constar en el Registro Aeronáutico Administrativo”. El experto señala que la decisión de Bisa de crear un fondo de compensación para indemnizar a víctimas y familiares “más parece obedecer a un charle entre la DGAC y la aseguradora” para evitar mayores problemas, ya que en su opinión la Ley obligará a la aseguradora a asumir dicha responsabilidad.

Finalmente el Sr.Durán considera que también la DGAC tiene mucha responsabilidad en el accidente ya que tiene la competencia de fiscalizar al operador aéreo, supervisarlo, e incluso, tal y como señala el inciso b) del artículo 121 de la Ley 1992 de Aeronáutica Civil, tiene la potestad de “suspender las actividades cuando considere que no se aplican las condiciones de seguridad requeridas o cuando no estén cubiertos los riesgos de seguro obligatorio”.

Como suele ser habitual, la Autoridad y las aseguradoras, aquí la compañía ni cuestiona que evidentemente tiene responsabilidad, se lanzan la pelota de uno a otro extremo, mientras que los familiares de los fallecidos han de llorar a su muertos. Impresentable dolor añadido al dolor.

 

 

 

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