
Las advertencias y luces de emergencia ya estaban encendidas. Véase lo que indicaba en un comentario premonitorio el pasado 17 de mayo un lector en AD: "Pués la "excelente" gestión de la "actual" Aena, ha estado a punto, y todavía no podemos cantar victoria, de perder este proyecto. EADS quiere un servicio de control a la carta, por algo lo paga, y el Proveedor Nacional de Servicios de Tránsito Aéreo, gestiona sus recursos de tal manera que no ponen a su disposición los ATC necesarios. Si no interviene directamente una "alta cabeza" española, este proyecto estaba ya en Toulousse. !Qué más da! !Cómo vamos sobrados…qué curren los franceses!"
Simplemente AENA debería de haber facilitado el servicio que Airbus Military le solicitaba. Estos vuelos, por ejemplo, se realizan en la línea de Hinojosa al Golfo de Cádiz, y vuelta. El Técnico Supervisor del mismo, coordina con sus colaterales estas maniobras de precisión que tratan de verificarse mediante el test en vuelo. Tras el recorte de personal, en aplicación de la Ley 9/2010, no habría controladores suficientes, por increíble que esto parezca. AENA debería haber planteado la posibilidad de cubrir los servicios mediante horas extras de forma voluntaria, pero no lo ha hecho, según fuentes consultadas, hasta el día de hoy. Además estos vuelos se realizan en aéras peligrosas, denominadas DELTA (por ejemplo DELTA 119, 120 o 121), específicas para este tipo de operaciones especiales. La cuestión es que si se restringe exclusivamente a estas, el espacio aéreo queda muy limitado, y hace imposible el desarrollo completo del test.
El daño colateral de, por una parte, la aplicación de la Ley, y por otra la ineptitud gestora del Ente, supone un desastre de una dimensión tan importante, como para hacer que la propia Casa Real, nos consta, haya intentado mediar. Con todos los respetos, ya está llegando la cuestión al punto de que el propio Jefe del Estado, debería tomar las riendas de esta cuestión de Estado, dado que para situaciones excepcionales tiene atribuídas determinadas competencias, ante la incompetencia manifiesta de las propias instituciones del Estado para solucionar cuestiones. Ya no vemos otra salida, salvo que desde Fomento se comience a cambiar 180º el rumbo fijado por el Sr.Inquilino.






