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marzo, martes 19, 2024

Privatización: Ciudadanos señala a la cúpula de AENA sobre lucro ilícito

Preguntas interruptus de Ciudadanos sobre AENA

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Madrid, SP.- Los «inocentes» políticos de Ciudadanos preguntan al Gobierno en funciones si han investigado el posible lucro ilícito que puede haberse dado con la privatización expoliadora de AENA por parte de miembros del equipo que privatizó la compañía. A la cabeza lógicamente el Sr. Vargas. Decimos lo de inocente porque en lugar de ir a la materialización de la privatización, deberían, tiempo han tenido, estos bisoños políticos haber aprovechado y preguntar por la herencia del bachiller y euroaforado José Blanco, puesto que la situación de quiebra -casi 14000 millones de euros- en la que dejó al Ente Público AENA, al pasar la cartera al PP de Ana Pastor, no supuso explicar esa situación que la propia Ministra de Fomento calificó de «quiebra». Dicho quebranto fue uno de los argumentos esgrimidos por los populares, hoy socios y potenciales socios de Ciudadanos, para justificar la imperiosa necesidad de privatizar AENA.

La curiosa revalorización de las acciones de AENA en menos de un año, son la prueba más evidente de la inconveniencia de privatizar en el justo momento en el que el tráfico aéreo estaba comenzando a repuntar tras años de crisis. Que precisamente en ese momento, manejando las previsiones que manejaban -esa debería ser la pregunta básica ¿Sabían Vds. el 11 de febrero de 2015 que las previsiones de crecimiento rondarían las dos cifras en el año 2016?, de estos chicos de Ciudadanos.

Siendo más incisivos aún, Ciudadanos debería preguntarse abiertamente si hubo o no connivencia para la privatización de AENA entre los dos grandes partidos PP y PSOE, repartiéndose la tarta, ya sea directamente o mediante colocación de sus peones o altos cargos. Esta clamorosa sospecha es la que realmente se esconde tras todo ese proceso. Sino, ¿qué sentido tiene el que el inductor de la quiebra Blanco, y su equipo en AENA, Lema, Librero y Marín, no hayan comparecido ya en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aún para aclarar el colapso económico durante los años de fuego dilapidador en los aeropuertos de España? Ciudadanos debe apuntar aún más alto… si quiere conocer toda la verdad, de verdad.

En una batería de preguntas registradas en el Congreso y recogidas por Europa Press, la formación naranja denuncia que las acciones de la compañía –que salieron a Bolsa a 58 euros la acción– cotizan ahora a 130 euros, un 125% más en apenas año y medio, mientras que en ese mismo tiempo la depreciación del Ibex 35 fue del 15,5%.

El reducido precio de la acción inicial –«a todas luces insuficiente» para Ciudadanos– hace sospechar a la formación política si el equipo que se encargó de privatizar la compañía, proceso consumado en febrero de 2015, pudo beneficiarse al ser conocedores de información privilegiada y confidencial.

Por ello, inquieren si se ha investigado este extremo y si alguno de sus miembros o familiares de estos se han podido beneficiar «en el corto plazo» con puestos de relevancia en empresas relacionadas con la privatización. También si se ha encargado un estudio sobre la falta de previsión ante «el fuerte incremento» del precio de la acción.

BENEFICIOS PARA REDUCIR LA DEUDA

En su momento de privatización, han recordado, Aena era (y sigue siendo) el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros y presumía de una situación económica financiera «envidiable». De hecho, los beneficios de la empresa crecieron un 74,2% en 2015, y en el primer semestre de 2016 la tendencia se consolida, pues aumentó sus beneficios un 78,7% respecto al mismo período del año anterior. ¿Esto fue casual o estaba previsto con antelación?

Por último, Ciudadanos pregunta por qué no se ha utilizado la totalidad de los beneficios en reducir la deuda de la compañía, una de las razones esgrimidas por el Gobierno para aprobar su privatización. Desde 2015, el 50% de los beneficios se reparten como dividendos en efectivo, a pesar de que Aena nunca había dado dividendos a su único accionista hasta entonces, el Estado español.

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