
En el caso de Canarias, los helicópteros basados en una isla AB412, no podrían desplazarse a otra. Casualmente ya podrán imaginar los lectores qué empresa concretamente es la que detenta el helipolio SAR en España, y lo inaudito de esta gravísima situación, que viene a reafirmar que poner en manos exclusivamente de un operador servicios tan esenciales como estos, deja en una situación de debilidad y dependencia al Estado con respecto a estos servicios tan esenciales. Aquí no ha llegado el libre mercado en realidad.
Esto se ha producido fundamentalmente por una cuestión de imprevisión. Los requisitos que deben cumplir los operadores y sus aeronaves han sido entregados, para su aprobación, incluso el pasado viernes a AESA. Cuando ha entrado en vigor el RD se ha podido observar cómo el requisito para estar certificado como helicópteros anfibios presentado por el operador se supone no podía ser cumplido en algunos requerimientos. A pesar de la aprobación y de la entrada en vigor en el día de hoy conocido desde septiembre de 2014, hasta el último momento no se habían presentado. La cuestión es que es ahora Europa, EASA, la que fiscaliza el cumplimiento a AESA, y la tradicional manera de hacer las cosas, es decir precipitada y en algunos casos laxa manera de supervisar requerimientos documentales, etc… ya no es admisible. Los hombres de azul de la Agencia Europea están ojo avizor a las autoridades nacionales, y nadie podría justificar incumplimientos de una normativa en vigor alegando que acaba de entrar en vigor.
Otra cuestión, de la que los operadores se quejan es de la gestión que se hace en AESA. Pero tambien es cierto que el tan cacareado por algunos responsables incremento de presupuesto para la Agencia, no está reflejándose en una mejora de la gestión, opinan algunos de estos operadores.
En cualquier caso el contribuyente finalmente no tiene a su disposición, más que con muy serias limitaciones, el servicio público por el que paga.






