"Promocionar la autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados". Así lo reconoce la llamada Ley de Dependencia aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 2006. Pero esa ansiada autonomía por cualquier persona con movilidad reducida se ve, en ocasiones, limitada por múltiples trabas que poco a poco se han ido superando.
La adaptación de edificios, medios de transporte y espacios públicos, siempre mejorable, hace que personas con una discapacidad motriz sientan, aunque sea limitada, esa independencia. A nadie le extraña cruzarse en una avenida con alguien que se desplaza en silla de ruedas o compartir con él su lugar de trabajo. Tampoco que conduzca un vehículo adaptado. Pero a muchos les sorprendería que esa persona quisiese obtener una licencia de vuelo.
El deseo de volar de una persona con discapacidad motriz, teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones para garantizar la seguridad aérea, debe ser considerado por las autoridades y la sociedad como un acto normal. Países como Estados Unidos, Australia y Alemania han sabido entender ese derecho y han establecido procedimientos regulados y ágiles para certificar su aptitud.
Los profesionales especialistas en medicina aeronáutica juegan un papel crucial en esta lucha, por su conocimiento de las condiciones físicas necesarias del piloto para garantizar la seguridad así como sus limitaciones. La formación de profesionales cualificados que sean capaces de valorar cada caso de forma individual es fundamental para impulsar, a través del sector médico, la inserción de personas con discapacidad en éste y otros colectivos.
Junto a profesionales del campo médico, es necesario contar con el marco legal y administrativo adecuado. La Administración debe realizar un auténtico ejercicio de inserción y encarar este reto de cara a través de la implantación de procedimientos sencillos y estandarizados así como del establecimiento de plazos de valoración de los casos para la emisión de certificados. Y debe afrontar con valentía que al igual que una persona con movilidad reducida puede conducir un vehículo adaptado también puede pilotar un avión con las restricciones que los especialistas y la seguridad establezcan.
Es necesario que se supere el miedo a conceder estas autorizaciones por si sucediese un accidente y se exigiesen responsabilidades a médicos o Administración, cuando es el piloto quien las asume en cualquier suceso que pueda ocurrir. Este planteamiento resultaría irracional si fuese la Dirección General de Tráfico la que se negase a autorizar a la multitud de personas con discapacidad que actualmente circulan en las carreteras por temor a cualquier incidente.
Algunas personas en nuestro país ya han logrado su sueño, conseguir una licencia para poder volar a pesar de su discapacidad motriz. Pero lo han hecho tras años de trámites y trabas burocráticas que deben ser eliminadas. Es hora de adquirir un compromiso firme para superar esas barreras que nos alejan de la igualdad.
