Barcelona, SP, 19 de marzo de 2014.- La Fiscalía de Barcelona ha considerado a los miembros del consejo de la aerolínea Spanair culpables del concurso de acreedores porque retrasaron la solicitud agravando el estado de insolvencia de la empresa y les reclama 72 millones de euros, según el escrito fiscal recogido por Europa Press.
El informe coincide con los administradores concursales en que la aerolínea se encontraba en una situación de insolvencia manifiesta el 30 de junio de 2011 pero retrasó cinco meses la solicitud del concurso, lo que agravó el déficit concursal en 72.184.107,63 euros, ha publicado 'El Periódico'.
En sus conclusiones, la fiscal Raquel Amado recoge que en esa fecha la sociedad se encontraba "materialmente en situación de fondos propios negativos no reequilibrados" porque el mantenimiento en el activo de créditos fiscales por bases imponibles negativas de ejercicios anteriores no estaba justificado por las previsiones del plan de negocio.
Las previsiones "adolecían objetivamente de incertidumbre e inconcreción y eran, por tanto, incompatibles con los principios de prudencia y probabilidad razonable a beneficios futuros", según la fiscal, principios a los que debe ajustarse la práctica contable referida.
Según el escrito, un indicio de que la obtención de beneficios futuros no se debía contemplar como una perspectiva probable a corto y medio plaso es que los socios privados de Spanair (Volcat 2009 SL), más allá de su inversión inicial, "en ningún momento llegaron a inyectar fondos mediante préstamos para financiar la compañía al modo en que sí lo hicieron los socios públicos (Avançsa) o semipúblicos (Fira de Barcelona)".
En definitiva, la fiscal considera culpables al entonces presidente, Ferran Soriano; al director general, Michael Balint Szucs; al vicepresidente, Benny Zkrisson; a los consejeros Miquel Martí Escursell, Josep Mateu Negre, Jordi Rafael Bagó Mons, Josep Maria Benet Ferran, Joan Gaspart (en nombre de Inversions Turístiques), Manuel Albanell Mira (en nombre de Catalana d'Iniciatives), Karl Mats Erik Lönnqvist, y las empresas Avançsa, Inversiones Turístiques i Comercials 2009 SA y Fira de Barcelona.
La fiscal pide que se les inhabilite para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años, la pérdida de derechos como acreedores concursales y que paguen solidariamente los 72 millones, menos Karl Mats Erik Lönnqvist, que solo deberá responder por seis millones.
