Los espúreos motivos para la prórroga del Estado de Alarma esgrimidos por el Gobierno, tienen una explicación algo más intrincada que la que argumentaron los miembros del gobierno esta pasada semana para su aprobación. "Garantizar unas Navidades tranquilas a los ciudadanos", decían. La realidad es una Enmienda Transaccional, elaborada por el PSOE, creando un nuevo artículo, el 48.bis, de la Ley de Seguridad Aérea 21/2003, sobre "Infracciones en relación al control del tráfico aéreo". Aquí la intención es colar de rondón, cediendo a la exigencia de constructores e inversores interesados en ser los nuevos proveedores de servicios NA y aeropuertos, con perlas como la manga ancha al acceso a todos los niveles de las comunicaciones y grabaciones aeronáuticas. Esto contraviene directamente toda la filosofía de la normativa OACI, y probablemente es de dudosa constitucionalidad.
El punto 2.3, de la Enmienda Transaccional, elaborada por el PSOE dice textualmente: "Tanto los proveedores de servicio de navegación aérea, como la Autoridad Aeronáutica tendrán pleno acceso a las grabaciones y comunicaciones relativas al control del tránsito aéreo en orden a poder controlar, supervisar, auditar e inspeccionar la prestación del servicio, así como para realizar el estudio o análisis de los posibles incidentes producidos". Tras la filtración de videos, grabaciones de voz en cabina, en relación con sucesos tan graves como el accidente de Spanair, esta enmienda, que por cuestión de plazos e improvisación no daba tiempo a que estuviera en vigor antes del 15 de enero, dada la "frenética actividad de sus señorías", habría obligado a la declaración de la prórroga del Estado de Alarma hasta el próximo día 15 de enero, pese a que no se encontraba en peligro alguno-como se comprometieron por escrito los controladores aéreos-, ni existía ningún otro motivo conocido para hacerlo.
Dicen las malas lenguas, que una de las exigencias de los constructores interesados en hacerse cargo tras la liberalización de los aeropuertos y los servicios de Navegación aérea, es que torres y centros de control se encuentren "libre de bichos", en referencia a los controladores aéreos. Qué mejor que incorporar, detallar hasta el extremo todo un artículo en la LSA que se refiera exclusivamente a las infracciones que pudieran cometer los controladores, y a la manera de legalmente, fiscalizar todos sus movimientos. Algo en lo que no han pensado, es que, al otro lado de la frecuencia, siempre se encuentran los pilotos, y no creo que sea sencillo, dada la mala utilización de grabaciones en cabina difundidas y filtradas en España, convencerles de las bondades de dicho procedimiento fiscalizador. Menos aún, si se pone en manos de un proveedor privado, de un empresario, toda esa información, tal y como contempla la ET presentada por el PSOE.
