9.4 C
Madrid
diciembre, miércoles 7, 2022

Vinculan el suministro de combustible para aviones con los crímenes de guerra en Birmania

Amnistía Internacional señala a la empresa Puma Energy de ser parte responsable de los crímenes perpetrados por la Fuerza Aérea de Birmania

Nuestros monográficos

- Publicidad -spot_img

Alba Sanz/Aviacion Digital, Sp.Birmania cumple más de un año desde que los militares protagonizaron un golpe de Estado en el país, causando múltiples crímenes contra los civiles, tanto por tierra como por ataques aéreos. Estas ofensivas se han llevado a cabo a pesar de que el país birmano sufre en la actualidad un bloqueo internacional de armas y de fondos, de acuerdo con una resolución aprobada por la ONU, que sin embargo no ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad tras la abstención de Rusia y China.

Entonces, ¿cómo es posible que el país pueda seguir suministrando armamentísticamente a sus Fuerzas Armadas y concretamente a su aviación? Las respuestas estarían en un supuesto suministro de combustible , que en la actualidad está siendo denunciado por Amnistía Internacional. Y es que un informe publicado por la organización relaciona el suministro de combustible enviado por terceros países para que este fuera empleado en la aviación birmana, acusada de cometer crímenes de guerra, motivo por el cual la organización ha pedido tanto a los Estados como a las empresas que dejen de exportar este tipo de carburante al país birmano.

De acuerdo con la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés Callamard, estos ataques aéreos han devastado familias, aterrorizado a civiles y matado y mutilado a víctimas. Pero, sin combustible, los aviones no pueden volar y causar estragos. Hoy pedimos a suministradores, agentes marítimos, armadores de barcos y aseguradores marítimos que se retiren de una cadena de suministro que beneficia a la Fuerza Aérea de Birmania”.

Asimismo, indicó que “no puede haber justificación para participar en el suministro de combustible de aviación a un ejército que tiene un flagrante desprecio por los derechos humanos y ha sido acusado repetidamente de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de los derechos humanos”.

Un golpe de Estado contra la ciudadanía

En este golpe de Estado, ejecutado el 1 de febrero del año 2021, el Ejército del país depuso del poder al Gobierno del presidente Win Myint, entre los que se incluían la figura de Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, elegida democráticamente por los ciudadanos para asumir la Oficina de la Presidencia y galardonada en la década de los 90 con el premio Nobel de la paz. Después de que Suu Kyi fuese víctima de un arresto de tres días, la que también fue elegida como ministra de Exteriores fue condenada por el Ejército tras acusarle de delitos entre los que se incluían el incumplimiento de las leyes de importación, exportación y la posesión de dispositivos de comunicación ilegales.

El golpe de Estado estuvo encabezado por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, quien instauró posteriormente una junta militar de 11 miembros que se encuentra gobernando en la actualidad tras decretar el estado de emergencia de un año. Después de esta acción, los militares trataron de justificar su acción argumentando que hubo un fraude electoral en las elecciones generales del año 2020. 

Sin embargo, la ciudadanía birmana no se paralizó ante el golpe y respondió con un contundente movimiento civil en las calles en el que se oponían rotundamente al Ejército birmano. Las protestas fueron reprimidas duramente por parte de las Fuerzas Armadas, llegándose a cometer crímenes contra los ciudadanos, incluyendo asesinatos.

Las Fuerzas Áreas contra la oposición

De hecho, en octubre de este mismo año el Ejército perpetró un ataque aéreo en un concierto organizado por la parte opositora, que celebraba el 62º aniversario de la formación política Organización para la Independencia de Kachin (KIO), dejando 50 muertos y al menos 70 heridos. Tras este acontecimiento, la oficina de la ONU en Myanmar expresó estar «profundamente preocupada y entristecida por los informes de ataques aéreos en Hpakant, estado de Kachin», aunque no realizó nada al respecto.

Además de esta última masacre, en una semana, la Junta militar perpetró 125 ataques aéreos en el estado de Karen, en la frontera con Tailandia, país que cada vez está recibiendo a más birmanos bajo condición de refugiados, cifra que, según ACNUR, asciende a 60.000 personas. Estos ataques fueron registrados entre la última semana de junio y la primera de julio, y causaron al menos, la muerte de varios civiles alcanzados por las bombas del ejército birmano.

De hecho, un año después del golpe, la cifra de víctimas mortales se sitúa alrededor de los 1.500 muertos, de acuerdo con los datos recogidos por parte de la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Señalan, además, que los crímenes fueron ejecutados por parte de las fuerzas policiales a través de armas de gran calibre, explosivos y ataques aéreos.

Posible responsabilidad de las empresas energéticas

En esta línea, desde el año 2015, la principal empresa extranjera encargada tanto de la gestión como del almacenamiento y la distribución del combustible para aviones es la empresa Puma Enery, que opera con la empresa conjunta National Energy Puma Aviation Services (NEPAS), de sello singapurense, y que pertenece al gigante Trafigura.

A pesar que desde Puma Energy aseguran que desde el estallido del golpe de Estado cesaron de exportar combustible a Birmania, el informe de Amnistía Internacional indica lo contrario. Denuncian, además, que el combustible consigue introducirse en el país asiático a través del puerto de Thilawa, un puerto caracterizado por ser de “aguas profundas” y situado a 25 kilómetros al sur de Rangún, la ciudad más grande del país.

Y es que aseguran que, desde febrero del año 2021 hasta este septiembre, al menos siete petroleros han descargado ocho envíos de combustible en este puerto. Además de Puma Energy, Amnistía Internacional ha señalado que estos envíos fueron realizados a su vez por la empresa Singapore Petroleum Company (SPC), de propiedad exclusiva de PetroChina (SPC), Rosneft, de Rusia, Chevron Singapore, Thai Oil y ExxonMobil

Por su parte, la investigadora de Amnistía sobre Empresas y Derechos Humanos, Montse Ferrer, ha indicado que “el combustible para aviación suministrado, importado, almacenado y distribuido por una serie de empresas ha sido fundamental para que el Ejército de Birmania lleve a cabo este tipo de atroces ataques aéreos. Es hora de romper definitivamente la cadena de suministro de combustible».

- Publicidad -spot_img

Más artículos

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -spot_img

Todos los canales

Últimos artículos

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies