Guadalajara, SP, 28 de mayo de 2013.- El director de la JIA, Junta Investigadora de Accidentes (JIA) de Ecuador,Armando Durán, lo tiene claro respecto a la divulgación de las conversaciones en el cockpit cuando se produce un accidente. "No se puede violar la privacidad de las personas, es decir no se pueden publicar las grabaciones de las conversaciones de los tripulantes", tal y como aparece en la normativa OACI.
El máximo responsable de la investigación de accidentes de Ecuador, además, en unas declaraciones en el diarioLA HORA, añadía que esa información "nunca se ha publicado, ni tan siquiera por orden del juez". Añade una excepción, que nunca se ha dado en Ecuador, "Sólo se haría si se demuestra que la información que el juez va a obtener es más importante que la reserva de la JIA, pero nunca se ha dado".
Es tal el celo, que ni tan siquiera por el requerimiento de el abogado del accidente de TAME en 2011 se ha violentado la norma. El abogado, se quejaba "No hemos pedido indemnizaciones, queremos conocer las grabaciones de la caja negra del avión, no quieren entregar, se han negado, además a darnos el contrato de seguros…"
La cuestión clave sobre la custodia de las grabaciones de las comunicaciones aeronáuticas en general, es que si la confianza en la independencia, sobre todo técnica, en la investgación de los accidentes e incidentes, fuera total, es decir estuviera dotada de Autoridad con mayúsculas, no habría ningún tipo de problema. La cuestión evidentemente se complica en el momento que algunas veces afligidas por el dolor, las familias afectadas, pierden esa confianza.
Sólo hay que recordar en el caso del JK5022 en España, cómo en primer lugar la AVJK5022 denunciaba el cierre en falso que suponía el Informe del accidente, o en qué terminos se expresaba el Colegio de Pilotos, denunciando además, la ocultación y tergiversación de datos esenciales para la investigación.
Sólo hay que ver toda la cadena de errores que se denuncia en el documental para darnos cuenta de cómo en nuestro país, por ejemplo, la desconfianza de los familiares de los afectados estaría más que justificada.