Florencia Amat / Aviación Digital, Sp. – El Reglamento sobre los servicios aéreos de la Unión Europea podría estar a punto de cambiar. En 2019, antes de la pandemia causada por el COVID-19, se estudió de nuevo el Reglamento 1008/2008 y ya por aquel entonces se llegó a la conclusión de que las normas no estaban del todo actualizadas. Ahora, tras ver los estragos de la pandemia, se confirma la necesidad de una renovación del Reglamento. Varias aerolíneas han hecho públicas sus demandas respecto al tema, pidiendo mejoras en varios aspectos como puede ser el financiero.
La Comisión Europea estableció en su momento un periodo de consulta en el que las personas interesadas del sector de los servicios aéreos podrían expresar su opinión. Así, la UE podría tener en cuenta sus palabras para ver qué aspectos mejorar del Reglamento. En esta consulta se realizaron 101 comentarios, de los cuales 19 fueron por parte de una sociedad o empresa y 15 por una asociación empresarial; donde se entiende que muchas de ellas son aerolíneas.
Brexit y aviación
Hay muchos retos nuevos a los que se enfrenta el sector aéreo en 2023. Las consecuencias de la pandemia no han terminado todavía para algunas empresas. A esto se le suman las exigencias medioambientales, abogando por la descarbonización del sector; o el tener que ir al día con las innovaciones digitales. La Comisión Europea tiene en cuenta estos factores a la hora de analizar el Reglamento y proponer cambios. Sin embargo, hay un punto muy importante que, consideran las aerolíneas, no parece importar tanto a Europa: la entrada de capital no europeo en las acciones de las empresas del sector.
Desde el Brexit, la cuestión de los derechos de propiedad del capital de las aerolíneas no ha hecho más que avivarse. Adina Vălean, comisaria europea de Transportes, reafirmó sin embargo la posición inamovible de la UE en el Financial Times allá por 2020. “Las aerolíneas que no estén participadas al menos en un 50% por ciudadanos de la UE corren el riesgo de perder sus licencias de explotación, renunciando a amplios privilegios de vuelo de los que disfrutan en el mercado único”, norma sobre propiedad y control que afecta a las estructuras accionariales de todas las aerolíneas europeas desde la salida del Reino Unido de la UE.
Por eso, empresas como IAG limitaron el nivel de propiedad del capital social por parte de Personas No UE. En el caso de esta Sociedad, el máximo permitido de acciones ostentadas por miembros no pertenecientes a la Unión Europea quedó fijado en un 47,5%, desde el 11 de febrero de 2019. A partir de ese mismo día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 11.8 de los estatutos sociales de IAG, se suspendió la compra de acciones de la sociedad por parte de Personas No UE.
En el comunicado que IAG emitió en su momento, dicen que “no se puede garantizar que dicho Máximo Permitido vaya a ser eliminado en el futuro, ni, en su caso, cuándo sería eliminado”. Está bastante claro que, aunque no sepan cuando, esperan que sea pronto. Sus accionistas británicos pasaron a no ser ciudadanos de la UE, lo que causó un desplome en las cuentas de la Sociedad. Los inversores europeos tampoco eran válidos para las empresas británicas.
¿Brecha entre el europeísmo y la sostenibilidad?
Como se comentaba antes, uno de los retos más importantes de la aviación de cara al futuro es intentar descarbonizar al máximo posible el sector. Para reducir los gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 (comparándolo con los niveles de 1990), se deben cumplir los requisitos planteados por el Pacto Verde Europeo. El Plan de Acción de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, con 82 iniciativas que ”sientan las bases de cómo el sistema de transporte de la UE puede lograr su transformación ecológica y digital y ser más resistente a futuras crisis”, obliga a todos los medios de transporte a ser más verdes y eficientes.
Todos estos objetivos necesitan de financiación para ser realizados. Las aerolíneas tienen que estar preparadas para ofrecer viajes en avión con aeronaves de emisiones cero de aquí a 2035, entre otros ejemplos. Hace mucho que estas compañías no ven capital nuevo, lo cual afecta en sus capacidades de, entre otras cosas, cumplir los objetivos de sostenibilidad europeos.
Según el diario elEconomista, este ha sido el argumento que IAG, Ryanair y EasyJet han utilizado para apelar por la revisión del Reglamento 1007/2008. Los representantes de IAG y Ryanair acudieron a una cita con la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE) de la UE, presidida por Adina Vălean. Allí pudieron expresar su preocupación ante la continuación de las normas impuestas desde el Brexit.
La decisión final, al final, dependerá de los órganos internos de Bruselas. Mientras que las aerolíneas buscan soluciones para adaptar el capital extracomunitario con el que cuentan al reglamento, la Comisión Europea decidirá en base a este y otros muchos factores qué puntos de la norma deben revisarse y cuáles deberán permanecer tal cual. Se prevé que este año los órganos europeos se pronuncien sobre el tema y saquen a las aerolíneas de dudas. Que vayan a hacer caso a sus peticiones, es algo que solo el tiempo dirá.
