Los jueces deben responder, por Manuel Domínguez Moreno
(CAMBIO16/Manuel Domínguez Moreno)14 de mayo de 2014.- Tres de las grandes tragedias que se han registrado en el transporte español en los últimos años, el accidente de Spanair de 2008, el descarrilamiento del Metro de Valencia en 2006 y la salida de vía del Alvia en Angrois, 2013, se han sustanciado, o se están sustanciando con la imputación de técnicos o responsables de los organismos competentes. En total 272 muertos, además de decenas de heridos y de personas que quedarán para siempre afectados por las lesiones producidas.
La pregunta es siempre la misma: ¿Por qué no llega la actuación judicial hasta el límite de la responsabilidad política?, hasta aquellos que dieron las órdenes, consintieron una actuación o actuaron negligentemente.
Los políticos se prestan con soltura a inaugurar viaductos, aeropuertos, hospitales y parques de bomberos, aunque la aprobación de su construcción correspondiera a otra administración, pero escapan con facilidad de las responsabilidades cuando las infraestructuras fallan o falla su uso.
En los tres casos apuntados están imputados técnicos, en mayor o menor grado, de organismos públicos de los que dependían los objetos accidentados. El tren Alvia accidentado en Angrois, 24 de julio de 2013 , 75 muertos, el convoy de Metro de Valencia, 3 de julio de 2006, 43 muertos, o el avión de Spanair vuelo 5022 McDonnell Douglas MD-82 con matrícula EC-HFP, con 154 fallecidos.
Acabamos de conocer que el juez que entiende el caso del descarrilamiento del tren Alvia, Luis Aláez, ha imputados a 11 altos cargos y técnicos de Adif, el órgano responsable de la red ferroviaria española.
Estos son el ex director general de Adif Antonio González Marín, que ocupó el cargo durante la época de José Blanco como ministro de Fomento y cuando se construyó la línea Ourense-Santiago en la que se produjo el accidente y el director de Seguridad de la Circulación del ente en el momento en el que empezó a funcionar ese tramo ferroviario, Andrés Cortabitarte López.
De los 11 citados, cuatro forman de Adif actualmente. Se trata de Andrés Cortabitarte López, Juan Carlos Cáceres Díez, Mercedes Rodríguez Arranz y Félix Díaz Martínez y deberán declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela. Los otros imputados, , Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado Domínguez, Carlos María González Colera, Mercedes Caballero Fernández Gerardo Luis Gavilanes Ginerés, prestarán declaración ante el juez del 26 al 28 de mayo.
Por su parte, la juez Nieves Molina que entiende el caso del accidente del Metro de Valencia ha imputado a Vicente Contreras, en el momento de la desgracia director adjunto de explotación, Francisco García Sigüenza, director técnico y Francisco Orts Pardo, director de Estudios. Nada dice la juez de la gerente, Marisa García, la entonces gerente de la compañía, que contrató a la empresa de relaciones públicas Sanchis&Asociados para que le preparara un argumentarlo para responder ante el juez.
En cuanto a la fatal salida de pista del avión de Spanair, la Sección 15 de la Audiencia de Madrid, cerró el caso en septiembre de 2012 y dejo libres a dos mecánicos de la compañía, hasta entonces los únicos imputados.
No se pidieron responsabilidades a AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento y responsable en aquello momento de la seguridad en los vuelos, ni al propio Ministerio de Fomento, máximo responsable político del trasporte en España.
¿Qué ocurre en nuestro país para que los jueces no imputen nunca a los políticos, responsables temporales de las instituciones que gobiernan, y si a técnicos y mandos de los organismos?
Que extraña situación es esta en la cual los políticos si cortan la cinta en las inauguraciones pero se escapan sin responsabilidad cuando los organismos que dependen de ellos fallan.
Uno de los grandes especialistas en este género es José Blanco, ministro de Fomento entre abril de 2009 y diciembre de 2011, momento en el presuntamente se decidió reducir la partida de seguridad destinada a la vía que pasaba por Angrois, lugar en el que por falta de seguridad murieron 75 personas.
En el caso de Blanco la gravedad de su actuación es mayor ya que en aquellas fechas desvió del presupuesto de su ministro, Fomento, 44 millones de euros para adquirir unas locomotoras para la empresa Ferrocarriles de Vía estrecha, FEVE, que nunca han entrado en servicio.
¿Hasta cuando los jueces van a comportarse de esta manera?
Y, si quieren, hablamos del accidente del Yak 42 en Turquía en el fallecieron 62 militares españoles.
