Alba Sanz/Aviación Digital, Sp.- La Fuerza Aérea de Birmania continúa realizando ataques contra la población civil, dos años después del golpe de Estado perpetrado por los militares que consiguieron deponer a la ex líder birmana y Nobel de La Paz, Aung San Suu Kyi, quien fue condenada a cuatro años de prisión.
Tanto es así que el pasado mes de diciembre, la ONU denunció «el aumento de ataques indiscriminados» y aseguró que en el último año habían recopilado pruebas de un «espectro de crímenes de guerra y contra la humanidad en Birmana, entre ellas evidencias de asesinatos, violaciones, torturas, detenciones ilegales y deportación forzada» que se suman, a su vez, a un «dramático aumento de ataques deliberados o indiscriminados contra civiles o zonas civiles como escuelas, hospitales o iglesias».
Nuevas sanciones contra empresas petroleras
Estos acontecimientos han sido recientemente denunciados por Reino Unido quien ha sancionado a las empresas petroleras del grupo Asian por suministrar combustible a la aviación birmana, además del director y accionista único de Asian Sun Trading, Zaw Min Tun y el exdirector y accionista de Asia Sun Trading, Win Kyaw Kyaw Aung. Sin embargo, esta no es la primera vez que el país británico ha anunciado este tipo de sanciones ya que al menos 30 personas y 19 grupos empresariales han sido sancionados por la cámara británica desde que se produjo el levantamiento militar.
El compromiso que Reino Unido quiere mantener con Birmania continúa gestándose en la política del nuevo primer ministro, Rishi Sunak. En esta línea, el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, subrayó que «nuestras sanciones están meticulosamente dirigidas a ofrecer el máximo impacto, reduciendo el acceso de los militares a la financiación, el combustible, las armas y el equipo».
Asimismo afirmó que «la junta debe ser responsable de su brutal represión de las voces de la oposición, el terror de las incursiones aéreas y las descaradas violaciones de los derechos humanos».
Además de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá también han aprobado nuevas sanciones contra el país birmano. En este sentido, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, ha impuesto sanciones contra seis personas y otras tres empresas vinculadas a las autoridades birmanas.
En esta línea, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, criticó que «desde el golpe militar, la crisis política, económica y humanitaria en Birmania se ha vuelto más grave», causando 3.000 muertos y más de 1.7 millones de desplazados.
Denunció que «la actual campaña de tierra arrasada del régimen continúa infligiendo daño y cobrando la vida de personas inocentes», lo que ha «alimentando un conflicto armado cada vez peor dentro de Birmania y la inseguridad más allá de sus fronteras».
Un bloqueo internacional que no se cumple
Y es que, a pesar del bloqueo internacional al que Birmania esta expuesto desde el levantamiento militar, el combustible para los aviones de las Fuerzas Aéreas continúa llegando al país de forma ilegal. Hace escasos meses, Amnistía Internacional acusó a las empresa Puma Eneryg de suministrar al país con este tipo de combustible, lo que, de acuerdo con la organización «ha sido fundamental para que el Ejército de Birmania lleve a cabo este tipo de atroces ataques aéreos».
Además de Puma Energy las empresas energéticas Singapore Petroleum Company (SPC), de propiedad exclusiva de PetroChina (SPC), Rosneft, de Rusia, Chevron Singapore, Thai Oil y ExxonMobil, se encuentran en el punto de mira por participar, del mismo modo, en este suministro que está directamente relacionado con el ataque a los civiles.
Además, un reciente informe de «Justice for Myanmar» revela que, gracias la filtración de una serie de documentos, algunas compañías de servicios petroleros continúan trabajando en Birmania, a pesar de la grave situación. Sería el caso de Baker Hughes, Halliburton y Schlumberger, que, con su trabajo en la zona, estarían ayudando no solo al suministro energético, si no también a la financiación de la junta militar. Asimismo, en estos documentos estarían incluidas 22 empresas estadounidenses, entre las que estarían incluidas Halliburton o Diamond Offshore Drilling, que serían cómplices de estos crímenes, a pesar de anunciar públicamente nuevas sanciones.
De acuerdo con cifras emitidas por la propia junta, Birmania ganó más de 1.2 millones de dólares solamente de las exportaciones de gas hasta el 31 de marzo del año 2022. Y es que, hasta el momento, la industria de gas y de petróleo del país es la mayor fuente de ingresos de la junta militar, ingresos que por otra parte son empleados para la compra de nuevas armas, combustible para aviones y otros suministros que se estarían utilizando para atacar a la población civil.
