Madrid, SP.- Mientras AD ayer acudía en Zaragoza al histórico momento en el que los familiares de los fallecidos en el accidente de helicóptero del operador INAER en Villastar, 5 miembros de la Brigada de Alcorisa, el piloto, y otro trabajador resultaba herido grave, el Día del Padre de 2011, en el que el retrato de los Grupos Políticos de la Diputación General de Aragón de la Comisión de Peticiones Ciudadanas quedaba congelado para la posteridad en lo que se refiere a quién cree y quien no auténticamente en la SAFETY, con su apoyo o no a la creación de una Comisión de Investigación. Mientras tanto en Madrid, una Senadora de Coalición Canaria, María del Mar Julios, por el Grupo Mixto en el Senado, presentaba una razonada petición para la reapertura de la investigación del accidente de Spanair, el 20/08/2008, en el que 154 personas fallecían y 18 resultaban heridas graves, y para la creación del tan necesario Organo Nacional Intermodal Independiente para la Investigación de Accidentes, que sustituya en el sector aéreo a la denostada y desprestigiada CIAIAC de forma definitiva. Dos instituciones públicas tienen en sus manos honrar o no la memoria de 160 ciudadanos españoles en estos dos accidentes aéreos, simplemente con el esclarecimiento de la Verdad.
DGA Zaragoza
En estos días iremos publicando lo sucedido en la histórica comparecencia en Zaragoza, de los familiares de los 6 fallecidos en el accidente aéreo de los trabajadores de la Base de Alcorisa, en Villastar (Teruel) del Bell407 de INAER, puesto que evidentemente se trata de un hito histórico, ya que por vez primera en España se realiza una petición directamente por los afectados ante una institución regional, para que cree una Comisión para investigar un accidente aéreo en el sector de los Trabajos Aéreos, el de mayor siniestralidad de todos los del sector.
La empresa que contrató este servicio SODEMASA, hoy abruptamente desparecida, además es una empresa pública que depende de la propia Comunidad Autónoma de Aragón, que es quien licita, contrata el servicio y pone tanto las prescripciones técnicas, como las económicas. En este último punto, coincide en el tiempo con escándalos de corrupción relacionados con este sector que están siendo investigados judicialmente, especialmente en la Comunidad Valenciana y Andalucía, en lo que ya los medios han denominado el «Cártel de Fuego». Un interesante línea de investigación que podría abrir de ser apoyada por los Grupos de la Diputación General de Aragón es precisamente eso, la incidencia que pudieran tener las supuestas corruptelas entre administración y operadores en la seguridad aérea. Esto es lo que sugiere en cualquier caso como grave consecuencia, de demostrarse, ese maridaje entre adjudicadores públicos y operadores monopolísticos en España.
La DGA tiene una histórica oportunidad de llegar hasta el fondo, y evidentemente en el retrato de las distintas formaciones políticas, estará su auténtica voluntad a la hora de llegar hasta el final, caiga quien caiga, que aún parece permanecer oculta tras este accidente en el que de forma excepcional, y por la impagable intervención técnico- investigativa del Colegio de Pilotos, una institución de derecho público adscrita al propio Ministerio de Fomento (órgano regulador y supervisor), consiguió determinar enriqueciendo con su participación en la investigación de la CIAIAC, con gran precisión la concatenación causal y el desencadenante (el servoactuador) del accidente. Curiosamente todas las Recomendaciones por ejemplo no se dirigen al órgano de supervisión nacional, o al propio operador nacional, de forma clara, sino a fabricantes y organismos extranjeros que intervinieron en esta fatalidad evitable.
La contradicción evidente es que pese a la clara determinación técnica del desencadenante, la Justicia decidió archivar la vía judicial emprendida, y todas las responsabilidades a las que hubiere lugar en derecho por lo tanto. Las comparecencias de personas concretas, ante la Comisión supondrían el mayor revulsivo y reconocimiento a la memoria de los que ya no están, y la asunción de responsabilidades políticas de los que gobernaban y contrataban los servicios desde la administración autonómica.
Aquí es donde el retrato para el apoyo a la creación de dicha Comisión podría reflejar la superposición del interés político, al público interés y defensa de la seguridad de las operaciones aéreas y de sus trabajadores. La extraña prudencia del «lo estudiaremos» que pudimos en vivo en boca de algunos partidos políticos, esperemos que no oculte la falta de voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias de las responsabilidades a las que hubiere lugar en política también.
SENADO Madrid
Pero las dos peticiones de la Senadora Julios en el Senado, también suponen un hito histórico sin precedentes en nuestro país, puesto que tras más de 8 años de sucedido el accidente del JK5022, con esta petición de una Comisión que investigue las causas, específicamente de este accidente, ya que el ámbito de la autoridad que regula y supervisa el transporte aéreo de pasajeros es competencia del Estado, del Ministerio de Fomento (DGAC en ese momento), es decir se trata de un ámbito nacional, y se pretende lógicamente que todas las preguntas que no obtuvieron respuesta durante la investigación de la CIAIAC, o se tergiversaron, ocultaron, queden definitivamente aclaradas, y se abra camino la Verdad Técnica para que definitivamente entremos en el imperio de la Justicia, único consuelo auténtico que les quedará a los familiares de los afectados, la Verdad y la Justicia como muestra de respeto a la memoria de sus seres queridos.
Todo ello con la finalidad de que no se vuelvan a reproducir en cuanto a sus causas concurrentes en el futuro. Esta es la mayor enseñanza de generosidad que estas personas nos han transmitido durante todo este tiempo. La terrible y actual conclusión de que «las causas del accidente del JK5022 siguen hoy latentes en el Sistema Aeronáutico Español» es en definitiva, lo que ha de corregirse. Y ese es el sentido de la petición en el Senado.
El organismo de investigación de accidentes, CIAIAC, es el otro objetivo de la solicitud de la Senadora, y su sustitución erradicándolo, puesto que la independencia más que cuestionada que es lo que la pregunta deja entrever, pasa por la erradicación de este organismo que víctimas y profesionales opinan que es ineficiente, o lo que es lo mismo es potencialmente peligroso para la seguridad de las operaciones aéreas, puesto que sin su eficiencia e independencia, la calidad de sus informes es manifiestamente mejorable, y por tanto sus Recomendaciones de seguridad, inútiles para la mejora de la seguridad, que debería ser su exclusivo objetivo, y que potencialmente supone que no se mitigarán las amenazas para la seguridad aérea que debieran detectarse y corregirse.
La Moción de la canaria M.M. Julios es con meridiana precisión el clamor por el que desde hace ya 8 largos años la AVJK5022 viene luchando. De Sus Señorías depende que todo siga igual (de mal) o no…
Una coincidencia en el tiempo de estas dos iniciativas es que ambas han tenido que ser instadas por la propia Sociedad Civil, en lugar de que sus instituciones públicas, a las que mantienen y soportan y teóricamente también debían representarles a ellos con acciones prácticas, como debería haber sido, fueran las que soportaran el enorme peso que para los familiares de los afectados, sea tener que andar meneando el árbol de la Verdad y la Justicia en dichas instituciones. Esto, ya de por sí, supone un nuevo agravante a esta injusta situación que padecen desde hace ya demasiado tiempo es a lo que estas dos iniciativas deben responder.
