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diciembre, jueves 9, 2021

El Dictamen de Spanair llega a la Fiscalía, pese a la Mesa del Congreso que controla el PSOE

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Madrid, SP.- La infamia en su última expresión se apodera del Congreso de los Diputados, y especialmente de su Mesa, en el asunto de cumplir lo que se mandataba, como era exactamente, la Recomendación Novena del Dictamen de la Comisión de Investigación del Accidente del Vuelo JK5022 Spanair.

Esta Recomendación señalaba: «Al existir dentro de la investigación realizada por esta Comisión elementos que pudieran arrojar conductas negligentes recomendamos remitir el contenido y resultado de esta Comisión a la Fiscalía General del Estado para su análisis y en su caso para que proceda a las actuaciones que considere pertinentes». 

El Grupo Vox, en este caso representados por las diputadas Macarena Olona Choclán y Cristina Esteban Calonje, hacían llegar a principios de noviembre a la Fiscalía General del Estado, dicho Dictamen «para que, si lo estima procedente, de las instrucciones precisas para iniciar los procedimientos de investigación pertinentes«, todo ello después de haber presentado a la Mesa del Congreso, y desestimar ésta, una petición que desestimó basándose en un criterio absolutamente discutible, que evidencia la falta de intención alguna por parte de esa Mesa de cumplir lo mandatado como Recomendación para darle traslado por esa vía a la Fiscalía, tras espúreos informes cogidos con alfileres por letrados de la Cámara.

Cristina Esteban Calonge, VOX.

Se trataba del primer accidente que es considerado como consecuencia de un fallo sistémico, es decir del propio Sistema Aeronáutico español, y que tras lo insatisfactorio del Informe de la CIAIAC, se procedió a ser investigado por una Comisión en el Congreso de los Diputados en la XII y XIV Legislaturas. Tras efectuar sus labores investigatorias, con decenas de comparecencias y miles de documentos aportados durante 2018-2021, se aprobó finalmente el Dictamen, nada menos que por el Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de mayo de 2021, donde la Soberanía Nacional reside según marca la Constitución Española.

A pesar de lo cacareado por buena parte de la prensa española sobre las «intenciones» de Vox, y su Grupo Parlamentario éste señala «está comprometido con el imperio de la Ley y la defensa del interés público, que en este caso se identifica con la protección de las víctimas del accidente y con la adopción de toda medida necesaria para que la tragedia no se repita…«

Se señala en el escrito presentado a la Fiscalía General del Estado, por cierto presidido tras el discutido y sospechoso nombramiento de la socialista Dolores Delgado, la recomendación de ponerlo en su conocimiento, «por la posible existencia de conductas negligentes…«, que se deducen del Dictamen, que Vox considera podrían ser constitutivas de delito, y la obligación según la LEC en su artículo 262, de quien por razón de cargo, tenga conocimiento de delito, de denunciarlo. Es decir, para cualquier ciudadano o entidad es de obligado cumplimiento realmente, una vez leído dicho Dictamen, si consideran que pueden deducirse indicios criminales de lo concluido por dicho Dictamen.

Listado de los responsables en la fecha del accidente que ocuparon puestos de responsabilidad y asumían decisiones que se tomaron en el momento del siniestro que aparece en el Dictamen aprobado por todos los grupos políticos, con excepción del PSOE en el Pleno del Congreso de los Diputados.

La oposición encarnizada del PSOE, que votó en una soledad tremendamente clamorosa (recuerden el tweet de Pedro Sánchez apoyando la creación de la Comisión) en contra, y entre bastidores, del PP o Ciudadanos, que lo votaron favorablemente, y que se han colocado de perfil tras su aprobación, viene mucho más que probablemente de las 16 personas físicas con responsabilidad política y decisoria en el momento del accidente, y dos entidades, véase Boeing y Mapfre, que según se deduce del propio Dictamen, podrían haber presuntamente tenido algún tipo de responsabilidad en alguna de las distintas fases del error sistémico que se consumó en una tragedia como esta.

Esta sería la explicación de las reticencias de Sus Señorías a darle curso para que la Fiscalía estudie, y en su caso, depure la posibilidad de algún tipo de responsabilidad penal. El Dictamen se considera vinculante, entre otras cuestiones por una muy básica como es su propia aprobación -prácticamente con el rango de una Ley Orgánica de facto-, según reputados juristas consultados por nuestro medio, por el Pleno del Congreso de los Diputados, donde se alberga teóricamente la Soberanía Nacional. Esto hace que lo reflejado en él, tenga un carácter evidente de mandatado para su remisión a la Fiscalía.

Meri Pita, diputada por Canarias, en la Fiscalía Provincial de Madrid dando entrada al Dictamen de la Comisión del JK5022

Pero la sorpresa llega cuando en el pasado 24 de noviembre la diputada por Las Palmas, y presidenta de dicha Comisión, a título particular, Meri Pita, tras constatar que la Mesa del Congreso no ha asumido la Recomendación del Dictamen aprobado por el Pleno para remitirlo al Ministerio Fiscal «por la responsabilidad que me incumbe como diputada por las Palmas y presidenta de la Comisión de Investigación durante las XII y XIV Legislaturas» remite el Dictamen directamente a la Fiscal Jefa Provincial de Madrid.

La Presidenta de la Mesa del Congreso es la socialista Meritxell Batet. La Mesa compuesta por 8 miembros, y controlada por 3 diputados del PSOE, 2 PP, 2 de UP (grupo al que pertenece Meri Pita presidenta de la Comisión) y 1 de Vox.

Pablo Casado, con la presidenta de la AVJK5022 el día de la aprobación por el Pleno del Congreso del Dictamen de la Comisión.

Sobre, tal y como se imaginan, la AVJK5022, puede en este momento estar sintiendo esta nueva traición sistémica, después de 13 años de lucha, poco hay que añadir a lo anterior. Vds. son libres, y libres deben ser sus conclusiones. Evidentemente para el ciudadano de a pie, a quien se ha hurtado, fundamentalmente por los medios de comunicación prácticamente mudos, sordos y ciegos, todo lo acontecido, y los intentos de volver a echar tierra sobre esta tragedia, resulta tan indignante, como muy probablemente repugnante sobre cómo funciona la máxima representación de la Soberanía Nacional cuando se toca algo que consideran bajo su paraguas de protección sistémico… o bajo el paraguas del silencio cuando cargos públicos y entidades poderosas, aparecen con nombres y apellidos con una vinculación en cuanto a toma de decisiones antes, durante y después de un accidente aéreo en España.

Imaginan que el director de la FAA apareciera vinculado por las decisiones tomadas tras concluirse que se trata de un fallo sistémico y la consecuente tragedia derivada en un Dictamen del Congreso de los EE.UU. ¿Cuántos segundos creen que tardaría en dejar su puesto…? Sí, digo, «dejar su puesto», no ser cesado fulminantemente, que sería lo inmediatamente siguiente a su negativa a dejar dicho cargo.

Y otra reflexión, ¿cuánto le costó al contribuyente la elaboración y conclusión del Dictamen?, que ahora se pretende que se archive sin llegar hasta sus últimas consecuencias jurídicas, a las que hubiere lugar en su caso.

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