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marzo, lunes 8, 2021

Hubo responsabilidades políticas y de otra índole en el Yak-42

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Madrid, SP.- 13 años después de producirse el accidente, por vez primera una institución oficial española, el Consejo de Estado, reconoce oficialmente responsabilidades del Ministerio de Defensa, cuyo Ministro entonces era Federico Trillo, en el accidente que el 26 de mayo de 2003 costaba la vida a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Los familiares ya han pedido el fulminante cese de Trillo, mientras que la actual Ministra de Defensa, también del PP, Cospedal, tiene ya el Informe emitido por el Consejo de Estado.

Una de las frases recogidas por El País del Informe es tan esclarecedora como demoledora en el sentido de las fundadas sospechas de los familiares de que las cosas no se hicieron en muchos sentidos de forma correcta, pese a que los Tribunales archivaran pena por la Demanda Penal en el JCI Nº3 sobreseiendo libremente a los 6 altos mandos militares imputados por imprudencia con resultado de muerte, sí condenó al General Médico ya fallecido VN a tres años de prisión y a los comandantes RR y MAS a un año y seis meses por un delito de falsedad documental sobre las identificaciones de 30 de los finados, indultados estos dos últimos. En 2010 UM Air, Champan Freeborn y la aseguradora Busin fueron condenadas por el JPII Nº2, ratificado por Audiencia de Zaragoza y el Tribunal Supremo, a indemnizar a los 291 herederos de los fallecidos. El Informe señala que “la ausencia de responsabilidad penalmente relevante nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa…” lo que evidentemente deja abiertas distintas vías no penales en este momento.

El Consejo de Estado sí señala las responsabilidades cuando señala que “no se deduce en absoluto un total y completo traslado de responsabilidades…” respecto a NAMSA la contratante de los vuelos. Pero es que además Trillo no dijo la verdad sobre las quejas anteriores al siniestro, puesto que el CISET un mes antes del accidente advertía “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”

En conclusión, dictamina que las víctimas del Yak-42 sufrieron un daño que trasciende el riesgo consustancial a la profesión militar y que “no tienen el deber jurídico de soportar”, por lo que el Estado es patrimonialmente responsable. Pero rechaza indemnizarles por considerar que las sumas satisfechas en los últimos 13 años han supuesto una reparación adecuada, en la medida en que ello es posible. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tendrá que decir la última palabra.

LA CADENA DE SUBCONTRATACIONES AFECTÓ A LA SEGURIDAD
M. G. (Fuente El País)
Cuando el sucesor de Trillo al frente de Defensa, José Bono, visitó en mayo de 2004 el lugar del accidente, se comprometió ante los familiares de las víctimas del Yak-42 a aclarar la verdad. Bono impulsó las pruebas de ADN que permitieron comprobar que las identidades de 30 de los cadáveres eran falsas y ordenó investigar la maraña de subcontrataciones que rodeó la el flete del avión. Ello permitió saber que de los 149.000 euros pagados por el Yak-42 sólo 38.442 dólares (unos 36.500 euros) los cobró la compaía que operó el avión, UM Air. El resto se lo embolsaron otros cuatro subcontratistas. Aunque Trillo calificó este sistema de “cadena de confianza” y el Consejo de Estado admite su legalidad, añade: “Es razonable pensar que esa progresiva disminución del precio afectó también a las condiciones exigidas al contratista”. Defensa alegó que NAMSA no le informó de las sucesivas subcontrataciones, pero sí supo con antelación que el avión era de Ucrania y el contrato obligaba a la agencia de la OTAN a autorizar caso por caso el flete de aparatos de países que no pertenecieran a la OTAN. No fue la única irregularidad: la caja negra que registra la voz en cabina (VCR) no funcionaba desde hacía 45 días, lo que dificultó la investigación y era motivo suficiente para prohibir despegar al Yak-42, y el seguro obligatorio de 75.000 dólares por pasajero nunca se suscribió. El Gobierno español se lo anticipó a los herederos con cargo a fondos públicos, pero nunca pleiteó para recuperar ese dinero.

Las familias de víctimas del Yak 42 piden el cese de Trillo como embajador en Londres (EP)

La asociación de Víctimas del Yak 42 ofrece una rueda de prensa
EUROPA PRESS
Publicado 03/01/2017 13:10:59CET
Solicitan a Cospedal que les reciba para saber si el Gobierno va a tomar alguna medida

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) –

Los familiares de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del avión Yakolev 42 el 26 de mayo de 2003 han reclamado al Gobierno que pida perdón y que el exministro de Defensa Federico Trillo sea cesado de su cargo de embajador en Reino Unido después de que el Consejo de Estado haya emitido un informe en el que dice que el ministerio tuvo indicios del riesgo y no se actuó.

“Que pidan perdón y se cese a Trillo en la Embajada en Londres y los responsables que siguen en activo. Y que investiguen más”, ha dicho a Europa Press el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, Miguel Sencianes.

Por ello, la asociación ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que les reciba y pueda “escuchar a las familias”, pero también para que les comunique cuál va a ser su posición tras el informe del Consejo de Estado.

Para las familias de las víctimas del Yak 42, este dictamen del órgano consultivo del Gobierno supone un “bálsamo de luz” y “algo de esperanza” después de “casi 14 años de lucha buscando verdad y justicia”.

“Hubo negligencia. La contratación del avión fue ilegal”, ha afirmado Sencianes, quien ha insistido en que el Consejo de Estado ha confirmado lo que las familias de los militares fallecidos llevan diciendo más de una década. “No queremos dinero, queremos que se haga justicia. Alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas”, ha manifestado.

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