Publica, firmado por Cruz Morcillo, ABC, en referencia a los imputados y detenidos en el día de ayer, que "uno de ellos está imputado por el siniestro de un aparato -reciclado-, que costó la vida a 8 personas". Dice tambien el diario que "Uno de los empresarios detenidos en Sabadell, Pedro María S. M., está imputado por homicidio imprudente en el caso de Torallola (Lérida)".
Sobre el accidente de Torallola, AD en febrero y marzo dedicó una serie de reportajes sobre este proceso hoy abierto. Pero una insistente pregunta a falta de confirmación martillea entre los redactores de AD ¿son las naves donde se intervino ayer por CS de Policía y Guardia Civil-Sabadell y Tarrasa- las mismas en las que se tuneó el EC-GJL el 14 de junio de 2002?
Cinco empresarios vendían helicópteros militares de Israel a Irán y Venezuela
Uno de ellos está imputado por el siniestro de un aparato «reciclado» que costó la vida a ocho personas
La Policía Nacional ha detenido a cinco empresarios españoles propietarios de una red de empresas aeronáuticas que importaban de Israel helicópteros militares y excedentes para venderlos, una vez en España, a compradores de Irán y Venezuela, burlando la normativa comunitaria y española, así como la prohibición de la ONU, en el caso iraní. Los arrestos se llevaron a cabo el miércoles cuando estaban a punto de cerrar la venta de varios aparatos con tres iraníes llegados el día anterior de su país. Eran los encargados de supervisar el material y también han sido detenidos.
Los agentes de la Comisaría General de Información, que llevaban meses con las investigaciones, han hallado tres helicópteros de combate Bell-212 de fabricación estadounidense, en una nave de Navas del Rey (Madrid), y otros seis en otra de Terrasa (Barcelona), propiedad del consorcio empresarial de los españoles detenidos -tres de ellos de origen iraní-. En esas naves, y en una de Sabadell, llevaban a cabo el montaje y desmontaje de los aparatos antes de venderlos enteros o por piezas a Irán y Venezuela, todo ello bajo la tapadera legal de una de sus actividades, la reparación de aeronaves.
Cien millones de euros
Uno de los empresarios detenidos en Sabadell, Pedro María S. M., está imputado por homicidio imprudente en el caso de Torallola (Lérida), donde el 13 de junio de 2002 la caída de un helicóptero costó la vida a ocho personas, seis de ellos funcionarios y técnicos de Fecsa-Endesa, incluida la delegada de Industria en la provincia. El accidente se produjo durante la inspección de tendidos eléctricos y el aparato -que se partió en dos- pertenecía a la compañía Helieuropa Services, cuyo gerente era el empresario ahora detenido. Ese helicóptero era una vieja pieza militar perteneciente al Ejército del Aire y en desuso desde hacía tiempo. El fiscal acusa a este administrador y a otros tres socios de reconstruir el aparato sin autorización ni habilitación y de transportar pasajeros pese a que Aviación Civil se lo prohibió. El juicio comenzó el pasado febrero, pero se suspendió porque el juez decidió incluir a Fomento como responsable civil.
El grupo empresarial había ampliado sus horizontes, según fuentes policiales. Habían comprado el material de guerra en Israel, tras ser desechado por el Ejército de ese país, y después de desmontar los aparatos los habían introducido por piezas en contenedores a través de puertos españoles. Luego, tras repararlos y acondicionarlos, los vendían completos o exportaban sus piezas, dependiendo del comprador. Los helicópteros intervenidos se destinan al transporte de tropas y de material de guerra; alcanzan una velociad de 230 km/h y tienen una autonomía de 600 km. Son antiguos, pero estos y sus modelos posteriores los usan Ejércitos de varios países. Las agentes han valorado las piezas en torno a cien millones de euros.
Las fuentes consultadas señalaron que este tipo de aparatos, una vez reciclados, suelen acabar en manos de comunidades autónomas o empresas menores para las brigadas contraincendios o el transporte de pasajeros. Los agentes de Información se han incautado de material y repuestos de aeronaves, así como de numerosa documentación y soportes informáticos pendientes de analizar. En el registro de unas oficinas de Jerez de la Frontera (Cádiz) hallaron documentación empresarial vinculada a las ilegales actividades de exportación. Se les acusa de tenencia y depósito de armas de guerra y de delitos de contrabando.
La operación «Nam», que sigue abierta, ha permitido abortar que material de guerra llegue a Irán burlando la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU, y que otro tipo de repuestos y materiales sean vendidos a Venezuela contraviniendo las leyes españolas sobre exportación de material de Defensa a este país «sensible». Los empresarios no habían pedido las preceptivas autorizaciones de la Junta Interministerial reguladora de Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso.
