(TERESA CARDENES Blog) Madrid, SP, 2 de junio de 2014.- El 20 de agosto de 2008, con un avión envuelto en llamas desplomado sobre la pista 36L de Barajas, un silencio espeso invadió las salas del aeropuerto de Madrid y un latigazo de espanto sacudió a las familias de los pasajeros y los tripulantes que iban a bordo del Sunbreeze, el MD-82 de Spanair que se estrelló sobre el arroyo de la Vega segando la vida de 154 personas. Casi seis años después, otro silencio aún más espeso, inducido por quienes pretenden acallar el dolor y los derechos de los que murieron, pero también todo el horror soportado por quienes les sobrevivieron, amenaza con envolver a las familias que aún esperan (y se desesperan) por la acción de la Justicia.
154 vidas destruidas. ¿Cómo calificar que casi seis años después muchas de las víctimas, madres que han perdido a todos sus hijos, hijos que han perdido a sus madres, abuelos y tíos que han tenido que soportar la brutalidad de la evidencia de familias enteras borradas del mapa, cómo calificar que muchos de ellos tengan que aferrarse todavía a una pancarta para pedir justicia? ¿Qué adjetivo ponerle a que los tres presidentes de la asociación de víctimas sigan sentándose todavía en el banquillo para responder ante el abogado que les reclamó primero dinero y luego responsabilidades penales por un supuesto menoscabo de su imagen profesional? ¿Cómo definir que, después de perderlo todo, estas familias tengan que soportar todavía las dilaciones judiciales instigadas por una compañía aseguradora que, por pretender, ha pretendido hasta que paguen las costas? ¿Cómo justificar que un superviviente con las piernas destrozadas por el accidente tenga que lanzarse a la red y a la calle en busca de firmas y suscripciones de apoyo para exigir a la aseguradora que no los tase y los despache con baremos de accidentados de tráfico? ¿Cómo digerir que haya políticos que olvidaran por completo que un día sucedió la tragedia de Spanair y otros que se nieguen a recibir a las familias si ese día ya se vieron con un cargo público de otro partido? ¿Cómo aceptar como ciudadanos que caiga sobre estas familias semejante montaña añadida de atrocidades, rematadas en algunos casos con la mezquindad cínica de la política y en otros con la desfachatez miserable de quien quiere mandarlas a callar?
El accidente del JK5022 no puede caer en el olvido, porque si eso ocurre será como matar dos, tres, quinientas, mil veces a las personas que perdieron la vida en aquel infierno de árboles y trozos de fuselaje ardiendo, supervivientes vagando desorientados entre el fuego y heridos sin tanta suerte que murieron atrapados y ahogados en el Arroyo de la Vega. Por eso, cuando las víctimas se manifiestan apelando a la Justicia y hay sujetos indignos que se atreven a descolgar teléfonos para invocar el silencio, es importante sentarse delante de un ordenador y volver a ver íntegro el documental JK5022, una cadena de errores, que relata la atrocidad del antes, el durante y el después. El camino de indiferencias, descuidos y negligencias que desembocaron aquel 20 de agosto en la tragedia del avión de Spanair. Contra el olvido. Vean ese documental. Escuchen a Juan Carlos Lozano, vicepresidente de la comisión de investigación de Ifalpa (Federación internacional de pilotos), explicar con manifiesta irritación cómo se zanjó la investigación oficial de la CIAIAC sobre el JK5022 "dejando muchas cosas en el camino porque afectaban a personas" y cómo "las prisas y las presiones comerciales" pudieron llevar a los tripulantes del avión de Spanair a correr hacia aquel desenlace fatal. Vean al investigador norteamericano que alertó a la CIAIAC del fallo estructural del avión meses antes de que el JK5022 se estrellara y su desolada impotencia al comprobar que la comisión no hizo nada, nada de nada, para evitar que ocurriera, pese al precedente sentado un año antes en Lanzarote por un avión de Mapjet. Escuchen a Michel Gordillo, ex comandante, explicar cómo fue destituido en su aerolínea porque se negó a volar con un avión que a su juicio no reunía las condiciones adecuadas.
Pero sobre todo, escuchen a las familias. A Luís Rey, cuya hija murió en el accidente con toda su familia y a la que, en el colmo de la inhumanidad, le robaron fondos de su cuenta corriente dos meses después de fallecer. A Federico Sosa, que relata el aterrador momento en que el 20 de agosto se indicó a las familias de las víctimas que iban a ser trasladadas a Ifema, en una comunicación inhumana e indirecta de que en Madrid la gran mayoría solo encontraría cadáveres. A Margarita Henríquez, que a duras penas puede explicar cómo supo que sus dos hijos adolescentes habían muerto al llegar a Ifema y cruzar una simple mirada con el padre de los chicos. Familias golpeadas. Familias destrozadas. Familias maltratadas. Y ahora también familias que se sienten humilladas por aquellos para los que sus seres queridos no valen más que unos miles de euros. En algún caso, poco más de 3.900 euros. Sí, sí, han leído bien. 3900 euros.
En medio de su implacable dolor, ellos ya han hecho mucho por todos nosotros. De entrada, conseguir que el Gobierno acepte, apruebe y publique un protocolo de atención a las víctimas que en el futuro evite a las familias de otros muertos el calvario atroz, con buitres trajeados y hasta vendedores de biblias, que tuvieron que soportar en el largo mes que duró la identificación de las víctimas. Pero sobre todo, luchar, hurgar, destapar, denunciar, como ha hecho denodadamente Pilar Vera, todos aquellos agujeros que el sistema deja abiertos para que entre sus sombrías fisuras se cuelen nuevas cadenas de errores que desemboquen en otro desenlace trágico.
Las víctimas y sus familias han dejado ya un legado de valor incalculable para todos los españoles en términos de respeto a los seres humanos y apología activa de la seguridad aérea. Lo menos que se merecen es que no los dejemos solos. Que no olvidemos su tragedia. Que no permitamos que los suyos vuelvan a morir otra vez.
