Claudia Celestes/Aviación Digital, Sp.- La Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado en el que señala que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no cumple con la normativa comunitaria en materia de matriculaciones de aeronaves de la Unión Europea (UE).
La obligación impuesta por AESA a los particulares y las escuelas de formación aérea de matricular en España las aeronaves con matrícula de otro Estado miembro de la UE se considera contraria al derecho comunitario.
El dictamen, emitido el 28 de septiembre de 2023, se basa en el incumplimiento de los artículos 34 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con la libre circulación de bienes y servicios, así como en el Reglamento (UE) 2018/1139 sobre normas comunes para la aviación civil y el Reglamento (UE) n.º 1178/2011 sobre organizaciones de formación de pilotos.
¿Qué medidas tomará España?
La Comisión Europea considera que las exigencias de matriculación de aeronaves impuestas por España representan una carga administrativa no permitida por la legislación europea y entran en conflicto con los principios de libre circulación. En este sentido, España tiene un plazo de un mes para responder y tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación. En caso de no hacerlo, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
AESA y la DGAC han venido justificando su proceder amparándose en una discutible interpretación del artículo 18 de la Ley 48/1960
Hasta ahora, AESA y la Dirección General de Aviación Civil han justificado su proceder basándose en una discutible interpretación del artículo 18 de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea. Sin embargo, en virtud del principio de primacía del derecho comunitario, el derecho de la Unión prevalece sobre lo dispuesto en contrario en cualquier norma nacional de aplicación.
Cabe preguntarse cuáles serán las “medidas necesarias” que adoptará España en el plazo otorgado, y cuando piensan adoptarse éstas, ya que actualmente AESA continúa exigiendo a las organizaciones de formación y a los particulares que matriculen en España las aeronaves con matrícula extranjera, lo cual supone una carga administrativa significativa.
Se espera que AESA acate el dictamen de la Comisión Europea y tome las acciones necesarias sin demora para cumplir con la normativa comunitaria.
